Defensora pide a la Presidenta Áñez promulgar sin demora la Ley que garantiza atención obligatoria y gratuita a pacientes con COVID-19 en clínicas privadas

Defensora pide a la Presidenta Áñez promulgar sin demora la Ley que garantiza atención obligatoria y gratuita a pacientes con COVID-19 en clínicas privadas

25 de Julio de 2020 11:42 am

Defensora pide a la Presidenta Áñez promulgar sin demora la Ley que garantiza atención obligatoria y gratuita a pacientes con COVID-19 en clínicas privadas

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, instó a la Presidenta Jeanine Áñez a promulgar la Ley para Garantizar la Atención y Tratamiento por Parte del Subsector Privado de Salud Durante la Emergencia Sanitaria Producida por el Coronavirus COVID – 19, sancionada en la Cámara de Senadores, el pasado 8 de julio, ante la situación de emergencia en la que se encuentra la población boliviana afectada por la COVID-19 que requiere atención médica urgente.

“Lamentamos la dilación innecesaria en la promulgación de esta norma e instamos al Órgano Ejecutivo a considerar la urgencia que existe de contar con este instrumento legal ante la situación de desborde y colapso que está viviendo el Sector Público de Salud que exige no esperar hasta el último momento, y ante los cobros excesivos en clínicas privadas”, manifestó la Defensora.

Dicha ley fue elaborada por la Defensoría del Pueblo en coordinación con la Comisión de Salud y Educación de la Cámara de Diputados y de Senadores y tiene por objeto garantizar la atención gratuita de pacientes con COVID - 19 por parte del Subsistema Privado de Salud que integra el Sistema Nacional de Salud, estableciendo a su vez el mecanismo para el reembolso por parte del Estado.

Asimismo, establece que los servicios de salud del subsector privado (clínicas y centros privados de salud), deben atender obligatoriamente y sin dilación alguna a todas las personas que sean referidas por el Sub Sector Público de Salud.

La normativa fue aprobada oportunamente por las Cámaras de Diputados y de Senadores, que tras ser sancionada fue remitida al Ejecutivo para su promulgación, atribución constitucional que hasta ahora no cumple la Presidenta Transitoria del Estado.