DEFENSORÍA DEL PUEBLO, INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES CIVILES PIDEN QUE POSIBLES REFORMAS A LA LEY 548 SEAN TRANSPARENTES Y RESPETEN DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Sucre, agosto 4 (UCOM/DPB).- Mediante un pronunciamiento interinstitucional, la Defensoría del Pueblo junto a autoridades y organizaciones de la sociedad civil pidieron que las propuestas de adecuación de la responsabilidad penal de adolescentes en la Ley N° 548 ‘Código Niña, Niño y Adolescente en Bolivia’ sean transparentes, no genere retrocesos normativos y respeten el enfoque de derechos humanos de la Niñez y Adolescencia. 

“Instamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Órgano Ejecutivo a someter todo proceso de reforma a un debate técnico, transparente, interinstitucional y con la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil, con enfoque de derechos humanos”, señala el pronunciamiento en la parte conclusiva.

El documento surge en el Encuentro Defensorial Interinstitucional: “Perspectivas sobre la Reforma del Sistema Penal Adolescente en Bolivia”, realizado este lunes en la ciudad de Sucre, a la cabeza del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, y la participación de autoridades del Órgano judicial y expertos internacionales.

Los participantes del Encuentro realizaron un análisis del Sistema Penal para Adolescente en Bolivia, a fin de evaluar su adecuación a los estándares internacionales; reflexionar las consecuencias jurídicas, sociales y psicológicas del endurecimiento de las medidas de privación de libertad; y la promoción del diálogo interinstitucional sobre políticas públicas y prácticas restaurativas como alternativas al castigo punitivo.

En el evento, el Defensor del Pueblo, remarcó “la necesidad de reflexionar y construir propuestas para garantizar un sistema penal para adolescente, con enfoque de derechos humanos y justicia restaurativa”.

El Pronunciamiento, alerta que cualquier reforma regresiva del Código Niña, Niño y Adolescente (Ley Nro. 548), que implique ampliar la privación de libertad o equiparar el tratamiento de adolescentes al sistema penal ordinario, constituye una vulneración a los estándares internacionales de derechos humanos 

Bolivia es Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que establece el principio de excepcionalidad de la privación de libertad, la proporcionalidad de las sanciones y el deber de garantizar procesos diferenciados que promuevan la reintegración social de las y los adolescentes con responsabilidad penal.