DEFENSORÍA DEL PUEBLO ADVIERTE DILACIÓN Y POSIBLE IMPUNIDAD DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES EN EL CASO “LAS LONDRAS”

La Defensoría del Pueblo, desde la gestión 2021, realiza el seguimiento de oficio al caso “Las Londras”, donde un grupo de personas, entre ellas, civiles, policías y periodistas fueron víctimas de agresiones por parte un grupo de personas armadas, a raíz de la disputa de tenencia de tierras en el municipio de Ascensión de Guarayos (Santa Cruz).

El Ministerio Público sigue un proceso contra los señores P.C.V., H.S.C.S., M.T.V. y N.R.E., por el delito de lesiones graves y leves, secuestro, robo agravado, tenencia porte o portación Ilícita de arma de fuego y asesinato en grado de tentativa.

Después de casi cuatro años de seguimiento del proceso, actualmente el mismo se encuentra en etapa de Juicio Oral en el Tribunal de Sentencia Penal Primero del municipio de Concepción, de la provincia Ñuflo de Chávez. Los Jueces Técnicos del mencionado Tribunal de Sentencia, el 2 de abril de 2025, mediante un Auto de Declaratoria de Rebeldía ordenaron la aprehensión de H.S.C.S., N.R.T. y M.T.V., además de una orden de arraigo para los dos primeros. 

La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegación Defensorial Departamental de Santa Cruz, en fecha 17 de abril 2025, se constituyó en Concepción para participar de la audiencia de juicio oral; sin embargo, la presidenta del tribunal suspendió la audiencia para el 9 de julio 2025, ante la presencia de los acusados P.C.V. y N.R.E., este último solicitó la suspensión de la audiencia por motivo de enfermedad presentando un certificado médico; los otros acusados, en rebeldía, quedaron legalmente notificados

Ante lo informado, desde esta institución defensorial, que vela por la defensa y cumplimiento de los derechos humanos en el marco de la Ley N° 870, advertimos la dilación y retardación en el proceso judicial del presente caso, situación que afecta al derecho de acceso a la justicia y el derecho a un juicio justo, el cual está generando incertidumbre y pérdida de confianza en la justicia, que deber ser subsanado por los administradores de justicia.

La Paz, 7 de julio de 2025.