DEFENSORÍA DEL PUEBLO ADVIERTE QUE EL COMBUSTIBLE Y EL COSTO DE VIDA PERSISTEN COMO RIESGOS DE CONFLICTIVIDAD ANTE LA AMPLIACIÓN DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN
26 de Septiembre de 2026 09:33 am
La Paz, 26 de septiembre de 2026 (UCOM-DPB).- En cumplimiento de su mandato constitucional dispuesto en los artículos 218 y 222 de la Constitución Política del Estado, la Ley N° 870 y los Principios de París, el Defensor del Pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya Aro, presenta el Reporte N° 06/2026 de "Monitoreo Defensorial del Estado de Excepción". El reporte evalúa el impacto de la medida dispuesta por el Decreto Supremo N° 5636 durante sus primeros 90 días de aplicación, entre el 20 de junio y el 18 de septiembre de 2026, identificando los factores de riesgo en el escenario actual ante la decisión estatal de extender la medida por tres meses adicionales.
El reporte concluye que la vigencia del Estado de Excepción permitió una desescalada rápida de la medida de presión en las carreteras del país, logrando reducir los puntos de bloqueo activos de 42 el 20 de junio a cero en tan solo tres días, lo que restableció la libre transitabilidad en el territorio nacional. Sin embargo, la institución defensorial enfatiza que la medida funcionó como un mecanismo de contención temporal de la protesta vial, pero no resolvió de manera estructural las causas de fondo que originaron el ciclo de movilizaciones.
A través de los registros del Sistema Inteligente de Monitoreo, Análisis y Alerta Temprana (SIMAT) y del Sistema de Alerta Temprana (SAT), la Defensoría del Pueblo contabilizó un total de 128 eventos de conflictividad durante este primer trimestre. Lejos de extinguirse, las tensiones sociales se intensificaron en el último tramo del periodo monitoreado: el 43% de los casos (55 eventos) se concentraron entre el 20 de agosto y el 18 de septiembre, evidenciando una diversificación hacia demandas laborales, salariales, de salud, educación y minería.
Uno de los principales hallazgos del monitoreo es que la problemática del combustible se mantuvo como el eje transversal de las protestas. Las demandas sociales mutaron desde el abastecimiento y la calidad en junio y julio, hacia el rechazo al Decreto Supremo N° 5676 promulgado en agosto, norma que fijó el precio del litro de diésel en Bs 18 para grandes consumidores. Esta situación activó medidas de protesta como "tractorazos" y advertencias de nuevas movilizaciones por parte de sectores agropecuarios, transportistas y organizaciones campesinas en departamentos como Santa Cruz, Oruro y Potosí.
Al cierre del periodo evaluado, el 57% de los conflictos se encontraba en fase de escalamiento y un 27% en etapa de preconflicto. La Defensoría del Pueblo advierte que estos 35 eventos en fase de preconflicto representan una alerta temprana sobre el alto riesgo de rearticulación e intensificación de las medidas de presión durante el nuevo periodo de 90 días de ampliación del Estado de Excepción.
En el ámbito de la protección de los derechos fundamentales, la institución defensorial fiscalizó el accionar de las fuerzas de seguridad y registró la aprehensión de 16 personas en el marco de los operativos de desbloqueo. Tras el seguimiento defensorial al debido proceso, las autoridades judiciales dispusieron libertad pura y simple para 5 personas, detención domiciliaria para 5, medidas sustitutivas para 3 y detención preventiva para 3 personas en centros penitenciarios de La Paz. Asimismo, se constató un saldo de dos personas heridas en operativos y se realizó el seguimiento al caso del lamentable accidente aéreo en Sayari (Cochabamba), ocurrido dentro el periodo de vigencia del Estado de Excepción, en el que fallecieron seis personas, hecho que es investigado por el Ministerio Público.
Para promover la vigencia de los derechos de la ciudadanía, la Defensoría del Pueblo desplegó 84 acciones defensoriales en los nueve departamentos mediante tareas de monitoreo, verificación en estaciones de servicio, terminales terrestres, centros de salud y acciones humanitarias, concentrando el 51.19% de su operativo institucional en el departamento de La Paz.
Ante la continuidad de la medida extraordinaria por 90 días más, la Defensoría del Pueblo ratifica la urgencia de que el Estado en sus distintos niveles priorice la apertura de espacios de diálogo intersectorial efectivo y la aplicación de políticas públicas orientadas a resolver los problemas de abastecimiento de combustible y costo de vida. De igual forma, insta a mantener un seguimiento preventivo de los conflictos en etapa de preconflicto y a garantizar el estricto apego a las garantías constitucionales en cualquier operativo de las fuerzas del orden, reafirmando que el monitoreo defensorial continuará de forma permanente e intensificada en todo el país.
