Defensoría del Pueblo advierte que el Estado aún tiene el desafío de garantizar la vigencia de los derechos de las mujeres, personas adultas mayores, y de niños, niñas y adolescentes

En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo considera importante recordarle al Estado que aún permanece latente el desafío de garantizar la vigencia plena de los derechos de las mujeres, las personas adultas mayores y los niños, niñas y adolescentes, especialmente, porque estos tres grupos poblacionales son los que enfrentan la mayor vulneración en la sociedad boliviana. 

Las denuncias registradas en la institución defensorial, en 2020 y 2021, muestran que las mujeres continúan siendo el grupo poblacional más vulnerable, lo que refleja la ineficacia de las políticas públicas de prevención y protección de esta población y en la sanción a los hechos de violencia hacia la mujer. A este grupo, le siguen personas adultas mayores y las niñas, niños y adolescentes en ese orden, en ambas gestiones. 

Hasta noviembre de este año, se registraron 4.684 denuncias por vulneración de derechos de las mujeres, cifra que representa el 32% de la totalidad de quejas en este periodo que sumaron 14.533. El año pasado, también fue el grupo de las mujeres el más afectado con 3.081 casos registrados o el 28% del total que fue 10.958.

Las personas adultas mayores, según los casos registrados en 2021, que suman 3.008, son sometidas a maltrato familiar, institucional o en la sociedad.  En la gestión pasada, también fue la misma conducta vulneradora la que registró más denuncias con 2.119. Las denuncias por vulneración de derechos a niñas, niños y adolescentes hasta noviembre de esta gestión sumaron 1.844, cifra mayor a la de 2020 que fue de 1.234. Esto muestra una vez más la indefensión en la que se encuentran esta población y la falta de acción del Estado.

Otro de los desafíos del Estado boliviano es hacer reformas profundas al Sistema de Administración de Justicia para pasar del plano formal al material, a fin de que se garanticen los derechos procesales de los ciudadanos, situación que se refleja en las quejas atendidas en la Defensoría del Pueblo, y que muestran que el derecho más vulnerado hasta noviembre de 2021, es el de “garantías del debido proceso y acceso a la justicia”, con 3.106 casos. La gestión pasada, en el mismo periodo, la vulneración a ese derecho también ocupaba el primer lugar con 1.708 casos, aunque con un porcentaje menor que al de 2021. En este año, el porcentaje, respecto al total de casos, es de 21%; pero en 2020, fue sólo de 16%.

La Defensoría del Pueblo también advierte que otros dos grandes desafíos en materia de derechos humanos son superar la crisis política generada en 2019 y enfrentar la pandemia de la COVID-19, que han provocado que se ahonden las vulneraciones a los derechos humanos en materia de racismo y discriminación, y de acceso a la salud de la población. 

Persiste la circulación de un discurso racista y discriminatorio que puede afectar el sistema democrático y constitucional, y por consiguiente poner en riesgo la vigencia plena de los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo, en su informe Crisis de Estado ha establecido que durante la crisis poselectoral de 2019 se han cometido delitos de lesa humanidad, cuyos responsables aún no fueron identificados y sancionados por el Estado. Aunque, esta institución defensorial reconoce la voluntad manifestada por el Estado de atender las recomendaciones del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI).

En temas de salud, está latente el riesgo de que los grupos vulnerables no puedan acceder a los servicios de salud, como las personas privadas de libertad, las personas adultas mayores en centros de acogida, las naciones y pueblos indígenas, entre otros. La Defensoría del Pueblo ha realizado importantes investigaciones respecto a la atención en el sector público, en la Seguridad Social a Corto Plazo, en clínicas privadas y en tiempos de pandemia para vigilar las afectaciones a la población.

En esta gestión, la Defensoría del Pueblo, dentro de sus acciones para prevenir la violencia hacia poblaciones en situación de vulnerabilidad, ha llevado adelante una intervención en municipios del país denominada “Al Encuentro con el Pueblo”, programa con el cual ha llegado a 140 gobiernos autónomos municipales con los cuales ha suscrito convenios para que su gestión tenga un enfoque de derechos humanos, para fortalecer sus servicios hacia la población e implementar procesos de capacitación en temas de prevención de violencia hacia mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad; además de temáticas como la prevención de la trata y tráfico de personas, embarazo adolescente y la interrupción legal del embarazo (ILE).

Ha logrado restituir el derecho de una niña de 11 años de edad, a quien se le había negado la Interrupción Legal del Embarazo, pese a que estaba en riesgo su vida y que su estado era producto de una violación. Esta institución defensorial interpuso una Acción de Amparo y solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH).

Ha trabajado en la investigación defensorial “Sin Nosotras, no hay Democracia”, que ingresó a 91 gobiernos municipales y a las nueve gobernaciones, que identificó la ausencia de normativa para sancionar los actos de acoso y violencia política; también se llevó adelante la investigación “Es con Ellos” que estableció que sólo seis de las nueve fiscalías departamentales instruyen procesos de reeducación/resocialización para los hombres que ejercen violencia. 

Además, esta institución defensorial ha desarrollado el fortalecimiento de la FELCV, de la Unidad de Género de la Policía Boliviana, y de 1.050 servidoras y servidores públicos de los SLIM de 90 municipios a nivel nacional.

Una de las preocupaciones de la Defensoría del Pueblo es la situación de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, pues si bien existen importantes avances normativos es evidente que aún persiste la inexistencia de políticas públicas que resuelvan las necesidades de este sector, especialmente de los pueblos en aislamiento voluntario o los no contactados.  

En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de seguir trabajando en la defensa y vigencia de los derechos humanos, y exhorta al Estado a garantizar el cumplimiento de éstos. 

La Paz, 10 de diciembre de 2021