DEFENSORÍA DEL PUEBLO ADVIERTE SOBRE EL USO EXCESIVO DEL PODER PÚBLICO EN PROCESO CONTRA DEFENSORES AMBIENTALES EN CHIQUIACÁ
15 de Mayo de 2025 11:26 am
En octubre de 2024, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) denunció a 29 personas (28 del cantón de Chiquiacá y 1 del cantón Tariquia) por la presunta comisión de los delitos de impedir o estorbar el ejercicio de funciones y atentados contra la libertad de trabajo establecidos en los artículos 161 y 303 del Código Penal boliviano.
Tras el monitoreo y la veeduría del proceso, y luego de un rechazo inicial en enero de 2025, la Fiscalía de Tarija revocó su decisión. Acto seguido, se hizo pública la imputación formal contra 12 defensores ambientales de Chiquiacá. Esta acción genera preocupación en la Defensoría del Pueblo.
A pesar del seguimiento constante del proceso y de la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la intimidación, hostigamiento y amenazas que sufren los imputados (defensores ambientales), se evidencia el excesivo ejercicio del poder público por parte del Ministerio Público con el fin ejecutar el Proyecto de Exploración de Hidrocarburos Domo Oso-X3.
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo reafirma “el derecho de los pueblos a defender su territorio y el medio ambiente sin temor a represalias y que debe ser garantizado por el Estado boliviano y la protección del medio ambiente es una responsabilidad compartida, pues se trata de la defensa de la Madre Tierra y del hogar común de todas y todos nosotros”, tal cual fue expresado ante la CIDH.
La Defensoría del Pueblo exhorta a YPFB a cesar la intimidación legal y recuerda que Bolivia ratificó el Acuerdo de Escazú en 2019, el cual obliga al Estado a proteger a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Asimismo, la normativa boliviana protege el derecho a medio ambiente sano y los derechos de la Madre Tierra. Por lo tanto, cualquier acción legal contra defensores ambientales se podría considerar una amenaza a su labor. El artículo 9 del Acuerdo de Escazú exige al Estado boliviano prevenir, investigar y sancionar ataques contra estos defensores en el ejercicio de su rol; por lo que, exhorta a esta instancia del Estado promover soluciones a través del diálogo y el consenso como garantía del estado de derecho.
La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de velar por los derechos de las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales e insta al Estado a reconocer y cumplir con los acuerdos que asume en el contexto internacional concordantes con la normativa interna vigente, así también rechaza el uso desproporcionado de la ley y pide promover soluciones al conflicto con la petrolera y garantizar espacios para el estado de derecho.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo informa al pueblo boliviano que realizará un estricto seguimiento del proceso reinstaurado, velando por el debido proceso y la protección especial que merecen los defensores ambientales, en el marco del Acuerdo de Escazú.
La Paz, 15 de mayo de 2025.
