Defensoría del Pueblo aguarda decisión judicial basada en normativa y derechos ambientales en el caso Tariquía

Tarija, 24 de marzo de 2026 (UCOM-DPB).- La Defensoría del Pueblo se mantendrá vigilante a la decisión que adopte el Juez del Juzgado Agroambiental de Entre Ríos, quien informó que la resolución sobre el fondo del caso será emitida una vez sea resuelto el recurso de compulsa interpuesto por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía ante el Tribunal Agroambiental, en el marco de la acción cautelar ambiental presentada por la institución defensorial respecto al proyecto de exploración hidrocarburífera Domo Oso X-3 en Tariquía.

“Concluida la audiencia sobre el proyecto Domo Oso X-3, la Defensoría del Pueblo se mantiene vigilante a la decisión de la autoridad jurisdiccional, la cual debe sustentarse en la independencia judicial y en el cumplimiento estricto de la normativa nacional e internacional”, publicó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en su cuenta en X.

Durante la audiencia, la autoridad señaló que no se desvirtuaron los argumentos planteados por la Defensoría del Pueblo, entre ellos la necesidad de recategorizar el proyecto en función de su impacto ambiental en la biodiversidad de la zona, la realización de una nueva consulta pública bajo estándares internacionales y el saneamiento de los predios donde se pretende emplazar la actividad hidrocarburífera.

Callisaya destacó la importancia de encauzar esta problemática a través de los mecanismos institucionales. “Es fundamental que la autoridad judicial actúe con independencia y que la justicia responda a las necesidades de las comunidades de Tariquía”, enfatizó.

Cabe recordar que, en enero de la presente gestión, la Defensoría del Pueblo presentó una acción de medidas cautelares ante el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos, que dispuso la suspensión temporal, por 30 días, del proyecto de exploración hidrocarburífera en Tariquía. Posteriormente, el 19 de marzo, el juez agroambiental realizó una audiencia de inspección técnica ocular, en la que se recabaron elementos de prueba.

“La garantía de los derechos ambientales, de la Madre Tierra y de las comunidades, así como del acceso a la información y la participación, debe ser plena y efectiva en todas las etapas del proceso”, finalizó Callisaya.

Se prevé que la decisión judicial sea emitida en los próximos días, previa presentación adicional de documentos a ser adjuntada por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, conforme fue ordenado por la autoridad jurisdiccional y sea resuelto un recurso pendiente.