DEFENSORÍA DEL PUEBLO ALERTA SOBRE INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DEMANDA GARANTÍAS PARA DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

La Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación por los actos de hostigamiento, amedrentamiento y violencia digital que sufren algunos defensores de derechos humanos en asuntos medioambientales.

 

Estos hechos no solo afectan derechos individuales, sino que buscan limitar la labor de fiscalización y defensa de los derechos colectivos de pueblos y naciones indígenas, derechos medioambientales y de la Madre Tierra en el territorio nacional.

 

En ese marco, la Defensoría del Pueblo insta a las autoridades competentes a dar cumplimiento al Auto de Admisión Ambiental N.º SP-TAA 003/2025, emitido por el Tribunal Agroambiental, que dispone medidas de protección en favor de defensores ambientales, en concordancia con el Artículo 9 del Acuerdo de Escazú; por ello, el Estado boliviano tiene la obligación de garantizar un entorno seguro para quienes defienden derechos humanos en asuntos ambientales, adoptando medidas con debida diligencia reforzada.

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, la Defensoría del Pueblo insta al Ministerio Público y a las instancias de seguridad a implementar medidas eficaces para resguardar la vida, integridad física y psicológica de las y los defensores y de su entorno familiar.

 

Asimismo, señalar que por medios de comunicación se ha conocido el caso de la bióloga Claribel Villarroel Irala, quien se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad por su condición de mujer, asambleísta electa y defensora ambiental; por lo que corresponde acciones oportunas de protección.

 

La institución Defensorial reafirma su compromiso de vigilar que ninguna forma de violencia o acoso político quede impune, en resguardo de la gestión ambiental, la democracia y los derechos humanos.

 

La Defensoría del Pueblo es una Institución Nacional de Derechos Humanos con estatus “A”, cuya función es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, establecidos en la Constitución Política del Estado, las leyes y los instrumentos internacionales, con independencia y autonomía plena, y que en el ejercicio de sus funciones no recibe instrucciones de los órganos del Estado.

 

La Paz, 29 de marzo de 2026.