DEFENSORÍA DEL PUEBLO CIERRA EL 2025 CON 97% DE EJECUCIÓN, ATENCIÓN A 27.169 CASOS, AVANCES EN LA GESTIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD Y LA DEFENSA DE LOS DD.HH.

La Paz, 11 de febrero de 2026 (DPB/UCOM).- La Defensoría del Pueblo presentó los resultados de su gestión 2025 en la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final, destacando una ejecución institucional del 97% y una ejecución física del Plan Operativo Anual del 97,7%, lo que refleja una administración eficiente y transparente de los recursos públicos y una gestión con presencia nacional a través de sus 21 oficinas defensoriales, incluidas ocho en zonas de frontera.

Durante la gestión 2025, la institución alcanzó una cifra histórica de 27.169 casos atendidos en todo el país, con un 82% de casos concluidos, registrando un incremento del 37,3% respecto a 2022. Este resultado evidencia una mayor confianza de la población en la labor defensorial. Las instituciones más denunciadas fueron el Ministerio Público, el Órgano Judicial, la Policía Boliviana y Régimen Penitenciario, siendo el acceso a la justicia y el debido proceso los derechos más vulnerados.

En el ámbito constitucional, la Defensoría consolidó el litigio estratégico como herramienta clave de defensa de los derechos humanos, promoviendo 21 acciones tutelares —con un 90,5% de tutela concedida— además de dos acciones de inconstitucionalidad abstracta y una acción ambiental precautoria.

En materia de conflictividad social y cultura de paz, intervino en 540 conflictos sociales, facilitando el diálogo y previniendo la violencia en contextos sociales, políticos, económicos y ambientales. Asimismo, implementó el Plan Defensorial para las Elecciones Generales 2025, movilizando a 658 voluntarios y 209 funcionarios para monitorear el respeto a los derechos humanos políticos y prevenir los discursos de odio durante el proceso electoral.

La gestión 2025 también fortaleció el liderazgo internacional de Bolivia en derechos humanos, con la reelección del Defensor del Pueblo como Secretario General de la RINDHCA y la coordinación de la Red de Niñez y Adolescencia de la FIO y la Red de los Mecanismos de prevención de la Tortura. A nivel interno, la institución obtuvo la certificación ISO 9001:2015 en sus delegaciones de Oruro y Cochabamba, garantizando estándares de calidad y mejora continua en la atención al pueblo boliviano.

Se priorizó la atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad mediante incidencia normativa y fortalecimiento de políticas públicas. Destacan la aprobación de leyes municipales para la protección de niñas, niños y adolescentes huérfanos por feminicidio, personas con discapacidad y personas que viven con VIH/Sida; la eliminación de excepciones al matrimonio infantil; la acreditación de 7.708 defensores estudiantiles; la promulgación de la Ley 1658 de Lengua de Señas Boliviana; y la gestión para que 900 personas adultas mayores privadas de libertad accedan a la Renta Dignidad.

Asimismo, la institución defensorial respondió a la crisis de carburantes con verificaciones en 88 estaciones de servicio y aprobó el Plan de Acción de Debida Diligencia 2025-2028, priorizando la protección del medioambiente, el acceso al agua, la gestión integral de residuos y el cumplimiento del Acuerdo de Escazú.

En su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la Defensoría monitoreó 103 centros penitenciarios y 44 recintos adicionales, además de impulsar una ley integral contra la tortura y un nuevo Decreto Supremo de amnistía e indulto.

“La defensa, promoción, vigencia de los derechos humanos constituyen un aporte a la construcción de una sociedad en la que pensar diferente, ser diferente, no sea un motivo de exclusión. Ese ideario lo vamos a ir construyendo conjuntamente en el caminar diario entre todas y todos de quienes estamos vinculados en la vigencia de los derechos humanos, es un ejercicio conjunto, porque todas y todos también somos Defensores del Pueblo”, concluyó Callisaya.