DEFENSORÍA DEL PUEBLO CONDENA ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS EN COCHABAMBA

La Defensoría del Pueblo expresa su enfático rechazo a las agresiones que sufrieron una periodista y un camarógrafo trabajadores de la Red Unitel de Cochabamba, quienes habrían sido víctimas de violencia tanto física como sexual, al estar dando cobertura al conflicto generado por el depósito de basura en un botadero habilitado en la comunidad de Cotapachi el lunes 05 de mayo.

Los actos de violencia generados por el conflicto social actual menoscaban el derecho a la protesta como manifestación de la libertad de expresión. Esta situación se agrava cuando la violencia extrema se dirige hacia personas no involucradas, particularmente en casos de misoginia y violencia sexual contra mujeres, debido al impacto psicológico que estos actos pueden tener en su desarrollo personal.

En ese sentido, y conforme los parámetros establecidos por la Corte IDH en la sentencia Carvajal Vs. Colombia, “este tipo de actos de violencia contra periodistas puede incluso tener un impacto negativo en otros periodistas que deben cubrir hechos de esa naturaleza, quienes pueden temer sufrir actos similares de violencia”, así como “afectar a la libertad de expresión, particularmente en asuntos de interés público, debilitando el sistema democrático”.

Desde la Defensoría del Pueblo se recuerda al Estado su rol de garante de los derechos humanos y su obligación de asegurar el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, información y comunicación establecidos en la Constitución Política del Estado (artículos 21 y 106), en beneficio de toda la población, con especial atención a las trabajadoras y trabajadores de la prensa.

Asimismo, se insta a las instancias competentes a realizar las acciones investigativas necesarias para esclarecer los hechos suscitados en contra la integridad del camarógrafo y la periodista de la Red Unitel en Cochabamba, esta última, teniendo una protección reforzada, por ende, teniendo el Estado boliviano la obligación de garantizarle el derecho a una vida libre de violencias, así mismo desarrollar todas las acciones necesarias para garantizar el respeto y la protección del trabajo de la prensa.

La Paz, 07 de mayo de 2025.