DEFENSORÍA DEL PUEBLO CONDENA AMEDRENTAMIENTO A PERIODISTAS EN ORURO Y EXIGE GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO PERIODÍSTICO Y RESPETO A LA LIBERTAD DE PRENSA

La Defensoría del Pueblo condena enérgicamente el amedrentamiento sufrido por los periodistas Luis García Cabrera y Adrián Toro Rojas, integrantes de la Asociación de Periodistas de Oruro (APO) y del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro (STPO), quienes fueron objeto de acciones que atentaron contra sus derechos y su integridad personal por parte de un grupo de personas que bloqueaban la carretera Oruro-Cochabamba, mientras realizaban la cobertura informativa sobre la situación de los transportistas varados.

Este hecho representa una grave vulneración de los derechos fundamentales, en particular de la libertad de prensa y del derecho de la sociedad a recibir información veraz y oportuna.

El artículo 106 de la Constitución Política del Estado, en su parágrafo II, garantiza la libertad de expresión, de opinión y de información, así como los derechos a la rectificación, a la réplica y a emitir ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa. En sus parágrafos III y IV, se reconoce la libertad de expresión, el derecho a la comunicación e información para las y los trabajadores de la prensa. 

Expresamos nuestra solidaridad con las y los periodistas y trabajadores de la prensa que, en distintos puntos del país, han sido víctimas de agresiones y obstáculos en el ejercicio de su labor informativa en contextos de conflictividad social. Exigimos al Estado que adopte todas las medidas necesarias para garantizar el libre y seguro ejercicio del periodismo en escenarios de protesta o movilización.

Como Institución Nacional de Derechos Humanos, advertimos con profunda preocupación que la escalada de violencia en diversos puntos de bloqueo está alcanzando niveles alarmantes, comprometiendo la seguridad de la ciudadanía y el respeto a los derechos humanos.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de continuar cumpliendo su mandato constitucional en la defensa y promoción de los derechos fundamentales, especialmente en momentos de crisis y alta tensión social.