Defensoría del Pueblo constata atención normal en Fiscalías y pide resguardar la institucionalidad del Ministerio Público

La Paz, 2 de octubre de 2026 (UCOM-DPB).– La Defensoría del Pueblo, mediante sus delegaciones departamentales y en el marco de su mandato constitucional de defensa de los derechos de la población, verificó a nivel nacional la continuidad del servicio en las Fiscalías Departamentales, constatando que la atención se desarrolla con normalidad.

Durante las verificaciones, se evidenció la presencia de fiscales de materia y personal de apoyo desempeñando sus funciones. Asimismo, se constató la recepción de trámites y la atención continua de causas, resguardando el debido proceso y garantizando el acceso ininterrumpido a la justicia.

A través de un pronunciamiento oficial, la institución defensorial señaló que la autonomía institucional no solo constituye una garantía para el órgano encargado de la acción penal pública, sino también para la sociedad y para toda persona sometida a una investigación.

 En este marco, la Defensoría del Pueblo considera fundamental preservar la continuidad y regularidad en el funcionamiento del Ministerio Público, a fin de garantizar la atención a la población y el ejercicio de sus derechos. Ante la situación que atraviesa esta institución, exhorta a las instancias competentes a adoptar las medidas que correspondan en el marco del ordenamiento jurídico vigente, con transparencia, fundamentación y seguridad jurídica.

Asimismo, exhortó a las autoridades públicas a actuar con responsabilidad institucional y mesura, evitando cualquier acción que interfiera en el funcionamiento del Ministerio Público o genere incertidumbre en la ciudadanía.

De igual forma, recordó que toda actuación investigativa o procesal debe desarrollarse con independencia, objetividad, imparcialidad y debida diligencia, en estricta observancia de las garantías constitucionales.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso de realizar el seguimiento correspondiente, dentro del ámbito de sus competencias, para velar por la protección de los derechos humanos y el respeto al Estado Constitucional de Derecho.