Defensoría del Pueblo demanda acciones efectivas del Estado para las y los adultos mayores que continúan en situación de desprotección en el país

La ausencia de una efectiva y real protección a las personas adultas mayores en nuestro país aún es un tema pendiente. A pesar de existir leyes que establecen la protección de esta población, sus derechos siguen siendo vulnerados, sigue siendo objeto de discriminación en razón de edad, de actos de violencia físicos, psicológicos, afectaciones y despojo de sus bienes por parte de particulares y de su entorno familiar.

La Defensoría del Pueblo, a propósito del Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores y frente a esta realidad, demanda a las autoridades acciones efectivas que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos y el respeto de éstos.

La realidad que enfrentan las personas adultas mayores se refleja en las denuncias atendidas por la institución defensorial. En las gestiones 2020 a 2022  se registraron 8.572 denuncias de vulneraciones a derechos humanos de esta población. La mayor cantidad se registró en El Alto con 3.420; en La Paz donde las quejas sumaron 1.891; en Santa Cruz 472 denuncias y en Cochabamba 421.

Estos datos muestran que el departamento de La Paz ha registrado el 61% de las denuncias presentadas por adultos y adultas mayores, situación que alarma porque evidencia el alto grado de vulnerabilidad de esta población.

Estas cifras también dejan en evidencia que el derecho a la vejez digna es el derecho más denunciado con 2.232 casos, seguido de afectaciones al derecho a la propiedad privada con 1.452 quejas y, garantías del debido proceso con 1.097 casos a nivel nacional.

Un claro ejemplo de lo que ocurre en nuestro país es el caso de la adulta mayor Agustina Yujra, quien fue desalojada de su vivienda en la ciudad La Paz por orden de un juez de forma irregular y que motivó a esta persona a peregrinar en estrados judiciales para resguardar su propiedad, sin recibir respuesta de la justicia ni que ésta aplique un criterio de protección diferenciada y especializada para atender su caso. Hechos similares se repiten en todo el país, en los que se aprovecha de la vulnerabilidad de algunos adultos mayores para despojarles de sus bienes y que a pesar de denunciar y acudir ante instancias judiciales para la restitución de sus derechos, estos no reciben la respuesta adecuada o, simplemente, no son escuchados.

El artículo 67 de la Constitución Política del Estado establece que todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana; asimismo, prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, violencia y discriminación en contra de ellas, por ello es urgente que el Estado garantice a todas las personas adultas mayores la protección ante cualquier hecho contrario contra a sus derechos mediante la creación y fortalecimiento de instancias de protección al adulto mayor, así como la capacitación y sensibilización de las y los servidores de justicia para que atiendan las denuncias de esta población con un criterio de derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo reitera su llamado a las autoridades del Estado a garantizar la protección y cuidado de las y los adultos mayores, del mismo modo convoca a la población a sumarse a erradicar de la sociedad boliviana el maltrato, violencia y abandono hacia esta población.

La Paz, 26 de agosto de 2022