Defensoría del Pueblo demanda al Estado garantías para personal de salud en Caranavi

La Defensoría del Pueblo exhortó a la población de Caranavi a deponer actitudes que atenten contra la integridad del personal de salud desplegado en esa población y demandó al Estado, a través del Ministerio de Salud, a otorgar garantías a esos trabajadores que fueron atacados y amenazados por pobladores de ese municipio, cuando guardaban una cuarentena preventiva por contacto con pacientes positivos de COVID-19.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pidió al Gobierno brindar las garantías necesarias a ese personal que se encuentra amenazado y recordó que la OMS recomendó a los gobiernos, ante la emergencia por el COVID-19, “monitorear ataques contra los trabajadores de la salud para impedirlos y asegurarse de que puedan responder de manera rápida, adecuada y apropiada en caso de producirse un ataque, garantizando la protección de los trabajadores en salud”.

Además, recomendó al Gobierno nacional y al Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi a impulsar campañas de información masivas para la población del norte paceño, respecto a la pandemia del COVID-19, y a promover el diálogo con estos grupos movilizados.

De acuerdo a una denuncia del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (SIRMES), este 19 de mayo, sus afiliados en Caranavi fueron “agredidos, amenazados y amedrentados” para desalojarlos por la fuerza de una cuarentena preventiva por haber atendido a pacientes confirmados con COVID-19.

También relievó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó la importancia de contar con el apoyo, la participación y cooperación de personas y grupos de la sociedad civil, como las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, y del sector privado, para que los esfuerzos de los Estados en el ámbito de las acciones de prevención, contención y tratamiento de la pandemia sean eficaces y oportunas.