DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEMANDA AL ESTADO Y A LAS GOBERNACIONES ATENCIÓN URGENTE A LA PROBLEMÁTICA DE LOS PREDIARIOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS
17 de Septiembre de 2025 06:50 pm
Ante los hechos ocurridos recientemente
en el Centro Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz (17 de septiembre
de 2025), en el Centro de Rehabilitación de Varones Mocoví (2 de septiembre de
2025), así como en al menos otros cuatro recintos penitenciarios del país, la
Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación por los conflictos
generados debido al impago de prediarios a las personas privadas de libertad
durante los últimos cinco meses.
En su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), la Defensoría del Pueblo viene realizando gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Gobierno y las Gobernaciones, con el fin de efectivizar el pago de estos compromisos.
Se ha constatado que algunos departamentos, como Tarija, cumplen con dichos pagos; mientras que en otros existen retrasos con justificaciones diversas. En el caso de Cochabamba, la Gobernación argumenta el impago de prediarios debido a recortes en el presupuesto de seguridad ciudadana por parte del Gobierno central y a la falta de conciliación de cuentas. No obstante, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que ya efectuó los depósitos correspondientes.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo observa la necesidad urgente de que el Gobierno central y las Gobernaciones concilien sus cuentas y encuentren soluciones inmediatas que garanticen el acceso a los prediarios. Asimismo, subraya la importancia de trabajar en una solución estructural y de largo plazo, orientada a convertir los centros penitenciarios en cárceles productivas, que permitan la autosostenibilidad mediante el trabajo de las personas privadas de libertad.
La Defensoría del Pueblo reitera su preocupación y demanda que se garantice, a nivel nacional, el pago oportuno y sin contratiempos de los prediarios. Su incumplimiento constituye una grave vulneración de los derechos a la alimentación, la salud y la vida digna de las personas privadas de libertad, conforme lo establece el Decreto Supremo N° 1854.
La Paz, 17 de septiembre de 2025
