DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEMANDA RESPUESTA ANTE CONTAMINACIÓN EN VIACHA
27 de Agosto de 2025 03:57 pm
La Defensoría del Pueblo, en ejercicio de su mandato
constitucional de velar por la protección de los derechos fundamentales, entre
ellos el derecho a la salud, al agua y a un medio ambiente sano, expresa su
profunda preocupación por la situación ambiental detectada en las comunidades
de Seque Jahuira, Mamani y Contorno Bajo, en el municipio de Viacha, donde operan
empresas mineras y que, según información del Gobierno Autónomo Departamental
de La Paz, el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, la Empresa Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Viacha (EMAPAV) y la Autoridad de
Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), se
han evidenciado riesgos ambientales que afectan directamente a la población.
Como articuladora del Comité Interinstitucional, la Defensoría del Pueblo impulsó un Plan de Acción integral a corto, mediano y largo plazo frente a la problemática ambiental de la región, socializado con las comunidades y sujeto a seguimiento permanente. En ese marco, el 22 de agosto de 2025, durante el acompañamiento al sellado de un pozo realizado por la EMAPAV, se detectó la presencia de cianuro en aguas de la zona minera, generando una seria alarma por el riesgo que implica para la salud y el medio ambiente. Por tal motivo, esta institución ha solicitado a la EMAPAV un informe escrito sobre los hallazgos obtenidos. Asimismo, se aclara que la Defensoría del Pueblo no tiene competencia para emitir autorización alguna a empresas mineras respecto a sus operaciones.
La detección de una sustancia altamente tóxica en aguas que discurren incluso por la vía pública constituye una amenaza para la salud de las personas que habitan o transitan por la zona, así como para los recursos hídricos y los ecosistemas del municipio de Viacha y sus comunidades. Este hallazgo enciende una alerta sobre los riesgos ambientales y sanitarios derivados de las operaciones mineras en la región.
Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo insta a las autoridades de los niveles nacional, departamental y municipal a adoptar de inmediato medidas de mitigación, contención y remediación ambiental para proteger a la población y preservar los ecosistemas circundantes, así como iniciar con urgencia investigaciones técnicas y ambientales que permitan identificar el origen de la contaminación, establecer las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan.
El acceso a un medio ambiente sano es un derecho humano
reconocido por la Constitución, que obliga al Estado a prevenir, sancionar y
remediar toda forma de contaminación que afecte la salud y la vida. La
Defensoría del Pueblo hará seguimiento permanente a este caso y reafirma su
compromiso con la protección de la vida, la salud y el entorno natural,
convocando a la ciudadanía a mantenerse vigilante y a reportar riesgos
ambientales en favor de las presentes y futuras generaciones.
