DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEMANDA TRANSPARENCIA Y ACCIONES EFECTIVAS PARA ENFRENTAR LOS INCENDIOS EN EL PAÍS

La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional de velar por los derechos humanos individuales y colectivos, expresa su profunda preocupación por la situación de los incendios forestales en el país.

Pese a la Pausa Ambiental Ecológica, vigente en todo el territorio nacional desde agosto, los incendios forestales han aumentado de manera alarmante, afectando a los departamentos de Santa Cruz, Beni, Cochabamba y Tarija. Esta situación genera un grave impacto en áreas de especial importancia ambiental, como Áreas Protegidas, Reservas Forestales y Sitios RAMSAR, a pesar de las medidas preventivas previstas en la Resolución Constitucional 233/2024 y disposiciones del Tribunal Agroambiental.

El 20 de septiembre de 2025, el Viceministerio de Defensa Civil presentó un reporte sobre superficies afectadas que resulta menor al estimado por el Tribunal Agroambiental, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y el observatorio internacional Global Forest Watch. Este último, incluso, reportó en 2024 cifras más elevadas que las del propio Ministerio de Medio Ambiente y Agua, evidenciando una vez más inconsistencias en la información oficial. Esta falta de certidumbre retrasa las acciones urgentes y obstaculiza los procesos administrativos y penales, en los que las “cicatrices del fuego” son pruebas fundamentales.

El 20 de septiembre de 2025, el Viceministerio de Defensa Civil presentó un reporte sobre superficies afectadas que resulta menor al estimado por el Tribunal Agroambiental, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y el observatorio internacional Global Forest Watch. Este último, incluso, reportó en 2024 cifras más elevadas que las del propio Ministerio de Medio Ambiente y Agua, evidenciando una vez más inconsistencias en la información oficial. Esta falta de certidumbre retrasa las acciones urgentes y obstaculiza los procesos administrativos y penales, en los que las “cicatrices del fuego” son pruebas fundamentales.

La Defensoría del Pueblo expuso ante el CONARADE la necesidad de coordinar y unificar la información satelital de monitoreo para evitar estas inconsistencias. Sin embargo, no se recibió una respuesta orientada a mejorar el trabajo, sino argumentos de infalibilidad por parte del Centro Nacional de Monitoreo de Incendios (CNMIB) y del Comando Conjunto de Respuesta ante Eventos Adversos (CCREA).

Frente a ello, denunciamos la falta de consistencia y transparencia en la presentación de datos, lo que limita una respuesta inmediata y efectiva de las autoridades competentes. Reiteramos que es imprescindible que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), las Entidades Territoriales Autónomas y el Ministerio Público actúen con la celeridad que demandan el Decreto Supremo 5225 y las resoluciones del Tribunal Agroambiental.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo exige acciones coordinadas y efectivas para la extinción del incendio en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, que permanece activo desde hace más de 60 días sin haber podido ser controlado. La situación es crítica y requiere una intervención urgente para proteger la vida, la salud, el ambiente y los derechos colectivos de las presentes y futuras generaciones.

La Paz, 24 de septiembre de 2025.