Defensoría del Pueblo demanda un reglamento de procedimiento para el manejo de cadáveres de casos COVID-19

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, demandó al Estado el establecimiento de un reglamento de procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de coronavirus COVID-19, dado que existe una confusión de protocolos y rutas de atención; y solicitó una subvención de gastos funerarios para personas de bajos recursos económicos.

“El Estado boliviano debe establecer un reglamento de procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de COVID-19, estableciendo los pasos a seguir en el manejo del cadáver, dónde debe ser trasladado desde la sala de aislamiento a un deposito después del fallecimiento. En los casos necesarios y por instrucción médica, se deberá reservar la posibilidad de realizar una autopsia”, señaló la Defensora.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que no es imprescindible realizar una incineración y que esa decisión debe ser consultada a los familiares, quienes podrían optar por el entierro. 

La Organización Mundial de Salud (OMS), por su parte, recomienda que si un familiar  desea ver el cuerpo, podría hacerlo cumpliendo en todo momento la higiene de manos, pero evitando tocar o besar al fallecido. 

Legislaciones como la colombiana, según Cruz, ya normaron que el cadáver debe mantenerse íntegro y evitar el contacto de fluidos. Además, dotar de bioseguridad para el personal que maneja los cuerpos, el uso de doble guante, el tipo de bolsa específica, y la cremación como medida preferente. 

En España y México, los gobiernos permiten a los familiares tomar la decisión respecto a los fallecidos; inclusive, el país europeo emitió un protocolo técnico para el manejo de los cuerpos. Sin embargo, Brasil, Chile y China, entre otros, determinaron la incineración de manera inmediata, apuntó la Defensora.

La Defensora considera que como todos los procedimientos funerarios y de entierro involucran un gasto económico considerable para la familia, y al estar frente a una pandemia que probablemente desemboque en muchos fallecimientos, el Estado debería, incluso, considerar una subvención en favor de personas con bajos recursos. 

Hasta el 31 de marzo, el país registró siete fallecimientos por el coronavirus, cuatro en el departamento de Santa Cruz y tres en La Paz. Según el testimonio de los familiares de las víctimas, no saben cómo proceder para dar un entierro digno a su ser querido.