DEFENSORÍA DEL PUEBLO DENUNCIA USO DESPROPORCIONADO DEL PODER PÚBLICO CONTRA DEFENSORES AMBIENTALES EN CHIQUIACÁ Y EXIGE GARANTÍAS PARA SU LABOR

En el ejercicio de sus funciones de velar por el cumplimiento y respeto de los derechos humanos individuales y colectivos de la población boliviana, la Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación y reitera la advertencia sobre el uso excesivo del poder público que vulnera la libertad y el derecho a defender los derechos humanos ambientales en las comunidades de Chiquiacá y Tariquía, en el departamento de Tarija.

Desde octubre de 2024, esta institución Defensorial ha realizado un seguimiento riguroso al proceso penal iniciado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contra 29 defensoras y defensores del medio ambiente, acusados de presuntos delitos tipificados en los artículos 161 (impedir o estorbar el ejercicio de funciones) y 303 (atentados contra la libertad de trabajo) del Código Penal boliviano.

 

Tras la audiencia de medidas cautelares del pasado 24 de junio de 2025, se emitió la Resolución N.º 125/2025, que otorgó libertad irrestricta a 12 personas imputadas. Sin embargo, resulta preocupante e inaceptable que YPFB haya apelado esta decisión, fundamentando su recurso en argumentos que, a juicio de la Defensoría, incitan al odio y pueden generar escenarios de violencia y discriminación contra quienes ejercen legítimamente su derecho a la defensa del medio ambiente.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo exhorta a YPFB a cesar de inmediato el uso del sistema judicial como mecanismo de intimidación y advierte sobre prácticas locales que también se consolidan como formas de amedrentamiento hacia defensoras y defensores de derechos humanos.

Cabe recordar que Bolivia ratificó el Acuerdo de Escazú en 2019, comprometiéndose a proteger y garantizar la labor de quienes defienden el medio ambiente y la Madre Tierra. Iniciar procesos judiciales infundados contra estas personas constituye una forma de represión que vulnera derechos fundamentales y contradice especialmente el artículo 9 del Acuerdo, que obliga al Estado a prevenir, investigar y sancionar toda amenaza, agresión o acto de violencia contra defensores ambientales.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 7.1, establece que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal, y que la privación de libertad debe ser una medida excepcional. En este caso, los denunciantes no han demostrado riesgos fundados de fuga ni de obstrucción de la verdad, lo que vuelve aún más cuestionable el proceso iniciado.

Esta situación no solo limita el ejercicio de los derechos de las personas defensoras, sino que también socava la confianza ciudadana en la institucionalidad estatal. La Defensoría del Pueblo reafirma la necesidad urgente de evitar el uso desproporcionado de medidas coercitivas contra quienes protegen nuestro entorno natural.

Adicionalmente, se insta al Ministerio Público a actuar con estricto apego al debido proceso, considerando la calidad de defensores ambientales de las personas procesadas, una condición reconocida por instrumentos internacionales que obligan al Estado a brindarles protección diferenciada.

La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de velar por los derechos de quienes defienden los derechos humanos en el ámbito ambiental y exhorta al Estado boliviano a cumplir con sus compromisos internacionales y normas internas, evitando la penalización de estas personas.

Finalmente, se informa a la ciudadanía que la Defensoría realizará un seguimiento estricto del proceso penal en curso, denunciando ante instancias nacionales e internacionales cualquier situación que ponga en riesgo la labor de las y los defensores ambientales, en el marco del compromiso asumido por Bolivia mediante el Acuerdo de Escazú.