DEFENSORÍA DEL PUEBLO DESTACA TRATAMIENTO DE PROYECTO DE LEY PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE
12 de Agosto de 2026 06:06 pm
La Paz, 12 de agosto de 2026 (UCOM-DPB). - La Defensoría del Pueblo destacó el tratamiento del Proyecto de Ley PL N.° 221/2024-2025, “De Prevención y Atención Intersectorial a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle”, durante la 22.ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, al considerar que constituye una oportunidad para fortalecer las políticas de prevención y atención integral.
Durante la sesión, dirigida por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, William Marcelo Solís Valencia, participaron representantes de instituciones públicas y organizaciones vinculadas con la temática. La Defensoría del Pueblo remarcó la necesidad de abordar esta problemática desde un enfoque de derechos humanos y protección integral.
“La situación de calle no puede ser entendida como resultado de decisiones individuales o familiares. Es una realidad compleja, vinculada a factores estructurales como la pobreza, la exclusión social, las violencias y las deficiencias en los sistemas de protección familiar y estatal”, señaló el jefe de la Unidad de Derechos Generacionales y Género de la Defensoría del Pueblo, Nelson Churqui Aquino.
En ese marco, la institución destacó que el proyecto contempla el diseño e implementación de políticas intersectoriales entre los niveles nacional y subnacional, acciones de atención en salud y educación, así como la incorporación de un módulo específico en el Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes (SINNA).
Churqui sostuvo que “la respuesta debe ser integral e intersectorial; no podemos limitarnos a atender las consecuencias de la situación de calle, sino que debemos actuar también sobre las causas que generan o profundizan esta vulnerabilidad”.
La Defensoría del Pueblo consideró que la propuesta normativa puede contribuir al cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales asumidas por el Estado boliviano y reafirmó su compromiso de acompañar las diferentes etapas de análisis, debate y socialización del proyecto, en el marco de su mandato constitucional de promoción, defensa y protección de los derechos humanos.
