DEFENSORÍA DEL PUEBLO EVIDENCIA QUE MUNICIPIOS NO SOLUCIONARON DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN UNIDADES EDUCATIVAS

 La Defensoría del Pueblo llevó adelante dos verificaciones en 69 unidades educativas de ciudades capitales, además de El Alto, Villa Tunari, Riberalta, Caranavi, Llallagua, Monteagudo, Yacuiba y Puerto Suárez, en las que evidenció que las deficiencias identificadas en una primera intervención persisten y que los municipios, en la mayoría de los establecimientos, no atendieron plenamente las recomendaciones emitidas para solucionar los problemas existentes.

La primera verificación se realizó en enero de 2018 y la segunda se desarrolló entre septiembre y octubre del mismo año; el resultado de ambas está incluido en un informe  defensorial, cuyas conclusiones señalan que persisten las deficiencias en la infraestructura escolar, falta de mantenimiento en paredes y techado; ausencia de ventanas, puertas; aulas insuficientes o ambientes en los que no se toman en cuenta, como por ejemplo, que en el oriente del país los  ambientes no están adecuados para altas temperaturas o que en el occidente, no se han tomado en cuenta las bajas temperaturas.

En cuanto a los sanitarios, existe deterioro en baterías de baño, lavamanos, piletas; ausencia de agua potable, obstrucción de alcantarillado y en casos más extremos, inexistencia de sanitarios para los estudiantes; tal el caso extremo de las unidades educativas de Sucre, Rufo y Ricardo Mujía, donde las y los alumnos deben  utilizar la quebrada como baño.

La Defensora del Pueblo observó, asimismo, que sólo 9 de 69 unidades educativas adaptaron su infraestructura para hacerla inclusiva para estudiantes con discapacidad motora; y que en caso de adolescentes gestantes, los establecimiento educativos no cuentan con directrices, protocolos o políticas educativas que garanticen que esta población no sea víctima de discriminación. En el tema de seguridad, se verificó que las falencias están referidas a la ausencia de alumbrado público, rompe muelles, señalización y cámaras de seguridad perimetral.

Se identificó, asimismo, que son los padres y madres de familia los que apoyan con recursos económicos para realizar algunas mejoras, dotación de mobiliario o equipos para la formación en el área de informática. En el informe defensorial se incluyen recomendaciones al Ministerio de Educación, a los gobiernos municipales donde se encuentran las unidades educativas verificadas y a la Policía Boliviana, para atender las deficiencias identificadas.