Defensoría del Pueblo exhorta a consolidar el diálogo y advierte que la prolongación del conflicto profundiza la afectación de derechos humanos

La Paz, 18 de junio de 2026 (UCOM-DPB).- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, saludó el inicio del proceso de diálogo entre los actores involucrados en el conflicto que atraviesa el país y expresó su expectativa de que este espacio permita alcanzar acuerdos orientados a una solución pacífica, concertada y respetuosa de los derechos humanos.

Callisaya recordó que la institución defensorial, junto a la Iglesia Católica, realizó diversos llamados al diálogo previos a la instalación de la mesa de diálogo entre el Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana. “Durante este periodo hemos realizado al menos cinco ejercicios formales de convocatoria al diálogo con distintos actores de la conflictividad. Algunos tuvieron resultados positivos y otros no, porque para que exista diálogo se requiere voluntad de las partes, apertura para escuchar y compromiso para cumplir los acuerdos alcanzados”, señaló.

La autoridad defensorial indicó que los procesos de movilización suelen surgir de demandas que no fueron atendidas de manera oportuna. En ese marco, señaló que una gestión temprana y efectiva de la conflictividad por parte de las instituciones competentes contribuye a prevenir escenarios de confrontación y a proteger los derechos de la población.

Asimismo, exhortó a los actores involucrados en el conflicto a respetar los derechos de las personas que no participan directamente en las medidas de presión, particularmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, como personas enfermas, personas con discapacidad, personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios esenciales en contextos de conflictividad.

Respecto a las consecuencias económicas y sociales de la crisis, el tercer reporte defensorial sobre la conflictividad evidencia impactos significativos en el ejercicio de diversos derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud, la libre circulación, el trabajo, la educación y la alimentación. Asimismo, identifica limitaciones en la capacidad de respuesta de las instituciones públicas de los niveles central, departamental y municipal para atender las necesidades de la población.

En ese contexto, el Defensor del Pueblo recordó que las instituciones públicas tienen obligaciones específicas para garantizar los derechos de la población. “En materia de alimentación, corresponde al Gobierno central y a los gobiernos autónomos municipales adoptar medidas que aseguren el abastecimiento y el acceso a productos esenciales. En salud, las gobernaciones y los gobiernos municipales deben garantizar la continuidad de la atención y el funcionamiento de los establecimientos de primer y segundo nivel”, afirmó.

Finalmente, Callisaya advirtió que la prolongación del conflicto continúa generando afectaciones a los derechos humanos de amplios sectores de la población y reiteró la necesidad de adoptar soluciones mediante el diálogo. “Ninguna demanda, independientemente de su legitimidad, debe derivar en la afectación de derechos fundamentales, particularmente de los derechos a la vida y a la salud”, concluyó.