DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXHORTA A ENCAUZAR LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL POR LA VÍA DEL DIÁLOGO Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

Ante las situaciones de conflictividad social que se vienen registrando en distintos puntos del país, como consecuencia de las recientes medidas económicas adoptadas por el Gobierno nacional mediante D.S. N.º 5503, la Defensoría del Pueblo considera imprescindible que las diferencias y preocupaciones expresadas por diversos sectores de la sociedad sean abordadas y encauzadas, de manera prioritaria, a través del diálogo, entendido como el mecanismo más eficaz para la resolución pacífica de los conflictos y la preservación de la cohesión social.

En ese marco, resulta fundamental la predisposición y apertura de los distintos sectores sociales, así como una gestión responsable y oportuna de la conflictividad por parte de las autoridades de los niveles nacional, departamental y municipal, orientada a prevenir la escalada de tensiones, reducir riesgos de violencia y generar certidumbre en la población.

La Defensoría del Pueblo recuerda que las manifestaciones de protesta constituyen una expresión que nace del derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación, reconocidos por la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales de derechos humanos. No obstante, dichas manifestaciones deben desarrollarse de manera pacífica, sin afectar derechos de terceras personas, garantizando en todo momento el libre tránsito de ambulancias, el acceso a servicios de emergencia y el abastecimiento regular de alimentos y bienes esenciales, conforme a los parámetros internacionales.

Asimismo, toda intervención estatal destinada a resguardar el orden público debe observar estrictamente los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, asegurando que el uso de la fuerza, de ser requerido, sea excepcional, diferenciado y respetuoso de los derechos humanos.

En el marco de su mandato constitucional, la Defensoría del Pueblo continuará realizando un monitoreo permanente y preventivo de las distintas expresiones de conflictividad social, con el objetivo de identificar riesgos, promover acercamientos entre las partes y contribuir a la generación de condiciones favorables para el diálogo.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reafirma su disposición institucional para coadyuvar en la facilitación de espacios de diálogo, en el ámbito de sus competencias, como parte de su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la convivencia pacífica y la solución democrática de los conflictos.

La Defensoría del Pueblo es una Institución Nacional de Derechos Humanos con estatus ‘A’, cuya función es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución Política del Estado, las leyes y los instrumentos internacionales, con independencia y autonomía plena, que, en el ejercicio de sus funciones, no recibe instrucciones de los órganos del Estado.

La Paz, 19 de diciembre de 2025.