DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXHORTA A INFORMAR SOBRE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL 233/2024 EN EL MARCO DE LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS ESPECÍFICA

La Defensoría del Pueblo exhorta a las entidades públicas competentes a informar de manera transparente, en el evento de Rendición Pública de Cuentas Específica, sobre los avances en el cumplimiento de la Resolución Constitucional 233/2024, referida a la obligación estatal de adoptar políticas efectivas de prevención, mitigación y atención de incendios forestales.

La Institución Defensorial recuerda que dicha Resolución fue resultado de una acción popular presentada por la Defensoría del Pueblo, ante el incumplimiento de diversas entidades en la implementación de políticas sostenibles de prevención de incendios a mediano y largo plazo. Esta acción busca poner fin a más de dos décadas de daños ambientales recurrentes que vulneran derechos humanos, afectan a los ecosistemas, la salud y los medios de vida de la población.

En la gestión 2025, los incendios forestales de magnitud se repitieron en distintas regiones del país. Si bien el control de varios de estos siniestros —como el ocurrido en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado— fue posible gracias a la acción de los mecanismos públicos activados, también intervinieron factores naturales, como las precipitaciones pluviales y las condiciones de humedad y bajas temperaturas. Este hecho evidencia la persistente falta de planificación y respuesta articulada del Estado, pese a la vigencia de la Pausa Ambiental Ecológica, establecida mediante el Decreto Supremo N.º 5225 y ratificada por el Tribunal Agroambiental.

En ese marco, la Defensoría del Pueblo insta a aprovechar la experiencia del Centro Nacional de Monitoreo Contra Incendios (CNAMCI) y del Comando Conjunto de Respuesta ante Eventos Adversos (CCREA) para la formulación de una Política Nacional de Monitoreo Preventivo y Respuesta Articulada, con enfoque de derechos humanos y gestión integral del riesgo. Dicha política debe contar con alcance permanente y sostenido, y no depender únicamente de las declaratorias de emergencia o desastre que limitan la disponibilidad de recursos y la acción oportuna del Estado.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo exhorta al cumplimiento pleno de la Resolución Constitucional 233/2024, y de manera prioritaria, al reporte público de los avances en la Tutela Preventiva y la Tutela Reparadora, conforme dispone dicha resolución, en resguardo del derecho de la población a un medio ambiente sano y equilibrado y de los principios de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. 

La Defensoría del Pueblo es una Institución Nacional de Derechos Humanos con estatus ‘A’, cuya función es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución Política del Estado, las leyes y los instrumentos internacionales, con independencia y autonomía plena, que, en el ejercicio de sus funciones, no recibe instrucciones de los órganos del Estado.

La Paz, 16 de octubre de 2025.