DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXHORTA A LAS AUTORIDADES RESPETAR EL DEBIDO PROCESO DE LAS Y LOS APREHENDIDOS Y PERMITIR EL TRABAJO DEFENSORIAL

La Defensoría del Pueblo como institución al servicio del pueblo tiene la función de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución Política del Estado, las leyes y los instrumentos internacionales. En ese marco, realiza el seguimiento a múltiples casos de posibles vulneraciones de los derechos humanos y fundamentales de las y los bolivianos. 

El 26 de junio de 2024, luego del inusual movimiento de militares acontecido en la plaza Murillo de la ciudad de La Paz, el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes, aprehendiendo en las primeras horas a 17 personas, entre militares y civiles, así como al activista de derechos humanos, a los cuales, la Defensoría del Pueblo en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura asistió para prevenir malos tratos, tratos degradantes, entre otros.

Sin embargo, el trabajo defensorial ante la situación de las y los aprehendidos fue obstaculizado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y otras instituciones. El 27 de junio, la comisión defensorial tuvo que esperar todo el día la autorización correspondiente para entrevistar a las 17 personas aprehendidas. Asimismo, luego del traslado del ciudadano Fernando Hamdan de Santa Cruz a La Paz el 7 de julio, se tuvo que esperar varias horas para lograr la entrevista con el activista y verificar su situación en celdas. Este mismo hecho se repitió ayer, 8 de julio, cuando el Juzgado 5º de Instrucción Penal de La Paz llevó adelante la audiencia cautelar.

La Defensoría del Pueblo advierte que, dentro de las investigaciones, urge la necesidad del cumplimiento del debido proceso por parte de las instancias competentes. Asimismo, exige a las autoridades que se realice una profunda investigación y se respeten todos los derechos humanos de las personas implicadas o sospechosas que se encuentren en privación de libertad.

Finalmente, se exhorta a las autoridades competentes, cumplan con la obligación de permitir el trabajo de la Defensoría del Pueblo (Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura) para garantizar el cumplimiento del respeto a los derechos humanos de todas y todos los aprehendidos en el marco de la normativa vigente y no sean vulnerados en el proceso de la búsqueda de la verdad.

 

La Paz, 9 de julio de 2024.