DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXHORTA AL ESTADO BOLIVIANO A GARANTIZAR EL EJERCICIO PLENO DEL DERECHO A UNA VIDA LIBRE SIN VIOLENCIA A LAS MUJERES

En el 2022, según datos del Ministerio Público se registraron 51.307 denuncias por delitos en el marco de la Ley N.° 348, de los que 39.663 corresponden al delito de violencia familiar o doméstica y 94 feminicidios, lo que implica que, cada día 109 mujeres sufrieron algún tipo de violencia.

La prevalencia de hechos de violencia se agrava al tratarse de delitos vinculados a violencia sexual que registró 11.130 casos a nivel nacional (Abuso Sexual 3.550, Violación 3.014, Violación de Infante, NNA 2.837 y Estupro 1.729) Respecto a hechos de Acoso y Violencia Política hacia las mujeres, el Tribunal Supremo Electoral registró en la gestión 2022, 61 casos a nivel nacional.

Los datos citados, demuestran y son un mínimo reflejo de las condiciones de violencia en la que viven miles de mujeres bolivianas, quienes se fortalecieron a raíz de los impactos del COVID-19, acentuando las desigualdades de género y aumentando las brechas de desigualdad socioeconómica que aún prevalecen en nuestro Estado, que, pese a desarrollar acciones enmarcadas en la despatriarcalización, aún no son suficientes para garantizar el derecho a una vida libre de violencias.

Las reivindicaciones y exigencias justas que hacen las mujeres, al Estado boliviano, deben ser atendidas y priorizadas por las distintas autoridades de los diferentes niveles de gobierno, quienes deben desarrollar por todos los medios y recursos disponibles, las acciones que les garanticen el desarrollo pleno de sus proyectos de vida.

Es prioritario que el gobierno nacional y los subnacionales asuman mayores responsabilidades al momento de prevenir el delito, así como establecer que el cambio hacia una sociedad enmarcada en el “Vivir Bien” requiere de una actuación e intervención de todos los actores sociales, debiendo trascender en el ámbito institucional, transformando las prácticas socioculturales que fomentan y toleran la violencia contra las mujeres e invisibiliza su participación en la construcción del Estado. Esto es enfrentar el machismo y desmontar el sistema patriarcal, logrando construir una institucionalidad sólida y respetuosa de los derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo asume la responsabilidad para incidir y exhortar al Estado boliviano la generación de condiciones que garanticen el ejercicio y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, así como desarrollar acciones de prevención; atención y protección a las víctimas; sanción y reeducación de los agresores. Además del deber de consolidar, garantizar y fortalecer el funcionamiento de las instituciones que trabajan en la temática, recordando que “un Estado democrático, es aquel que les garantiza a las mujeres todos sus derechos”.

La Paz, 8 de marzo de 2023