Defensoría del Pueblo exhorta al Gobierno investigar las denuncias en torno a la entrega de subsidios prenatal y de lactancia para establecer sanciones

La Defensoría del Pueblo frente a los cuestionamientos públicos sobre la entrega de los subsidios prenatal y lactancia en efectivo a beneficiarias de las Fuerzas Armadas, advierte que esto se constituye en una forma de desnaturalización de este beneficio que es de carácter social, ya que de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional su origen tiene como fin el coadyuvar en la reducción de la mortalidad infantil y contribuir al estado nutricional de las madres gestantes a través de la entrega de productos alimenticios de alto valor nutritivo.

El Decreto Supremo 4365 de 5 de abril de 1956, en su parte considerativa señala que “es preciso coadyuvar a la reducción del índice de mortalidad infantil, tomando previsiones para proteger a los recién nacidos, otorgándoles la prestación sanitaria en centros adecuados”, y que “es necesario sistematizar las dispersas disposiciones sobre Asignaciones Familiares, reuniéndolas en un sólo cuerpo orgánico que facilite su aplicación para evitar que sean burlados los derechos del trabajador”. El Artículo 1 de este Decreto señala que el régimen de asignaciones familiares constituye un servicio de carácter social y obligatorio.

Asimismo, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0976/2021-S4 de 6 de diciembre de 2021, establece que “el subsidio de lactancia comprende la entrega mensual de productos alimenticios de alto valor nutritivo, equivalente a un salario mínimo nacional por cada hija o hijo, durante los primeros doce meses de vida del recién nacido, su inobservancia conlleva a la lesión del derecho a la vida del menor vinculada con el derecho a la salud, alimentación y seguridad social del mismo (…)”.

En consecuencia, la Defensoría del Pueblo considera inaceptable que los subsidios prenatal y lactancia hayan sido entregados en efectivo, lo que amerita procesos administrativos a la entrega de estos subsidios a las Fuerzas Armadas y que estos sean sujetos de una auditoría interna por las Unidades de Transparencia del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, una auditoría externa por la Contraloría General del Estado y, de acuerdo al monto de los contratos de los proveedores, también debiera intervenir el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. 

De igual manera, la Institución Defensorial observa que ante las múltiples denuncias hechas públicas en los últimos días relacionados a un supuesto sobreprecio, escasez de productos en el paquete alimentario que serían “remplazados” por otros o productos con fechas de vencimiento muy corto, entre otros, éstas no fueron debidamente atendidas por las instituciones competentes, las que han estado ausentes en dar respuestas a las madres de familia que reclamaban un trato digno, igualitario y sin discriminación en la entrega de los subsidios de maternidad. 

El Viceministerio de Defensa del Consumidor se ha dado a la tarea de atender las denuncias, sin tener competencias específicas para ello, ante la inacción de instituciones llamadas por ley como la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), encargada de controlar y fiscalizar la otorgación de las prestaciones de los subsidios, por lo que es obligación ineludible del Estado atender este tipo de denuncias de forma inmediata y oportuna, debiendo actuar de oficio ante las denuncias públicas por la implicancia y afectación a las madres beneficiarias en su conjunto, tomando en cuenta que el dinero que administra el Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas Productivas (SEDEM) es producto del aporte de los empleadores y fruto de la labor que realizan las y los trabajadores en el país. 

Asimismo, se conoce que existiría un gran número de empresas intermediarias que tienen su cuota de participación en las utilidades que se generan en los procesos productivos desarrollados por pequeños y medianos productores hasta la dotación final por parte del SEDEM. Al ser los subsidios cubiertos con dinero de los trabajadores, se avizora posibles indicios de mala administración que más adelante podrían configurarse en conductas antieconómicas, tipificadas en el Código Penal.

En ese sentido, se hace un llamado a las autoridades competentes para que, en lugar de encarecer los costos finales de los productos mediante una larga cadena de intermediarios entre el productor de las materias primas y los usuarios y consumidores finales, el Estado viabilice la creación de mecanismos o procedimientos de acceso directo entre productores y beneficiarios, con la finalidad de abaratar los costos de la dotación de los subsidios, en fortalecimiento de la reactivación económica de los pequeños y medianos productores para brindar más y mejores prestaciones en especie a las personas que acceden al régimen de asignaciones familiares consistentes en los subsidios prenatal y de lactancia a nivel nacional.

Por otra parte, se recomienda que la solicitud de las madres beneficiarias de acceder a los subsidios a través de la denominada billetera móvil, sea evaluada para establecer su pertinencia o no, tomando en cuenta que cualquier medida que se adopte debe garantizar el derecho a una alimentación saludable y nutritiva a la madre y al niño y niña.

Finalmente, se exhorta al Gobierno Nacional no escatimar esfuerzos en la investigación de las denuncias presentadas, sanción de los responsables y evitar prácticas discriminatorias en la otorgación de este beneficio, y que se reestructuren los procesos de adquisición y suministro de bienes en especie con la finalidad de disminuir los costos, garantizando más y mejores productos nutricionales.

La Paz, 22 de julio de 2022