DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXIGE AL ESTADO CUMPLIR CON LOS PREDIARIOS EN CENTROS PENITENCIARIOS
03 de Septiembre de 2025 08:51 am
La Defensoría del
Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional de velar por la
vigencia y respeto de los derechos humanos de todas las personas, manifiesta su preocupación por las
reiteradas situaciones de conflicto generadas en distintos centros
penitenciarios del país debido al incumplimiento en el pago de prediarios
destinados a la provisión de alimentación para las Personas Privadas de
Libertad (PPL).
En lo que va del año, la institución defensorial ha tomado conocimiento de al menos cuatro conflictos en recintos penitenciarios por el impago de prediarios. El más reciente ocurrió el 2 de septiembre en el Centro de Rehabilitación de Varones Mocoví, en Trinidad. Asimismo, el 30 de julio, en Santa Cruz, se promovió la instalación de una mesa de diálogo y mediación entre autoridades de la Secretaría Departamental de Justicia y Hacienda, Régimen Penitenciario y el proveedor de alimentación, ante el anuncio de suspensión de alimentos a las PPL. Situaciones similares se registraron en el penal de El Abra, en Cochabamba, en abril, y en el PC4 del Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”, por el pago de prediarios generó conflictos entre internos en febrero de este año.
En mayo de la presente gestión, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exigió a las gobernaciones garantizar el pago de prediarios, recordando que su incumplimiento constituye una grave vulneración del derecho a la alimentación, la salud y la vida digna de las personas privadas de libertad, conforme al Decreto Supremo N° 1854.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo exige a las autoridades departamentales a cumplir de manera oportuna con el pago de prediarios y a establecer mecanismos de prevención que eviten la generación de conflictos en los recintos penitenciarios.
El uso responsable de la detención preventiva y la atención adecuada a las necesidades básicas de las PPL son medidas esenciales para reducir el hacinamiento y garantizar condiciones dignas dentro del sistema penitenciario, contribuyendo al respeto de la integridad física y psicológica de las personas privadas de libertad.
La Defensoría del Pueblo reitera su compromiso de velar
por la vigencia y respeto de los derechos fundamentales de las Personas
Privadas de Libertad, haciendo especial énfasis en la necesidad de analizar las
responsabilidades de cada nivel de gobierno para garantizar el derecho a la
alimentación, la salud y una vida digna, conforme a estándares nacionales e
internacionales de derechos humanos.
