DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXIGE AL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO GARANTIZAR CON URGENCIA ALIMENTACIÓN Y SALUD EN EL CENTRO DE REINTEGRACIÓN DE VILLA ROJAS

La Defensoría del Pueblo, en calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), expresa su profunda preocupación por la crítica situación que atraviesan los 33 adolescentes (28 varones y 5 mujeres) del Centro de Reintegración Social de Villa Rojas, en el departamento de Pando. Esta situación fue constatada durante una verificación realizada por la Delegación Defensorial Departamental, donde se evidenciaron vulneraciones graves a los derechos a la salud, alimentación e integridad.

Desde hace cuatro días, los adolescentes no reciben una provisión regular de víveres. Algunos indicaron haber desayunado solo té con pan, mientras que otros no consumieron alimento alguno por la mañana. Su única comida consistió en sopa de fideo. Actualmente, la alimentación se limita a arroz, fideo y frijol, sin carne ni verduras, lo que representa una violación directa a su derecho a una alimentación adecuada y suficiente.

La preparación de los alimentos se realiza utilizando leña, incluso con restos de mobiliario de origen desconocido, debido a la precariedad en el suministro de gas. Esta práctica expone a adolescentes y trabajadores a riesgos de salud y seguridad.

A esta situación se suma la ausencia total de atención médica desde el mes de julio. El centro no cuenta con medicamentos, y se identificó a un adolescente con una afección dermatológica que requiere atención especializada urgente, sin haber recibido ningún tipo de tratamiento.

Asimismo, se constató la vulneración de los derechos laborales del personal del centro. La administradora solo percibió 15 días de salario desde abril, mientras que el personal de seguridad interna y cocina no ha recibido ninguna remuneración.

Cabe recordar que la Constitución Política del Estado garantiza el derecho a la vida, la salud, la alimentación y la dignidad, y prohíbe tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Ley N.º 548 – Código Niña, Niño y Adolescente – asigna a los gobiernos departamentales la administración de los centros de reintegración social, exigiendo condiciones que promuevan el desarrollo integral de los adolescentes privados de libertad, así como la presencia de equipos interdisciplinarios.

Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo exige al Gobierno Autónomo Departamental de Pando adoptar medidas inmediatas y sostenidas que garanticen: la provisión adecuada y continua de alimentos, el restablecimiento de la atención médica y la dotación de medicamentos e insumos básicos y el pago oportuno de salarios al personal del centro.

La institución defensorial reafirma su compromiso con la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en centros bajo custodia estatal, y realizará seguimiento permanente hasta la restitución plena de los derechos vulnerados.

La Defensoría del Pueblo es una Institución Nacional de Derechos Humanos con estatus ‘A’, cuya función es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución Política del Estado, las leyes y los instrumentos internacionales, con independencia y autonomía plena, que, en el ejercicio de sus funciones, no recibe instrucciones de los órganos del Estado.

Cobija, 18 de octubre de 2025.