Defensoría del Pueblo exige celeridad en investigaciones por el caso de mujeres encontradas muertas en Villa Tunari

La Defensoría del Pueblo expresa alarma por el hallazgo, en la zona de Tres Arroyos del municipio de Villa Tunari en el departamento de Cochabamba, de los cuerpos sin vida de dos mujeres, B.G.U. de 30 años que desapareció en 2017,  de M.M. que desapareció en 2018, que tendrían probable relación con los casos de feminicidios de N.L.A. de 19 años y de M.O.H de 25 años, quienes desaparecieron el 15 de febrero y el 21 de diciembre del 2020 respectivamente.  

Preocupa a la institución defensorial que se haya encontrado un lugar –que con probabilidad fue utilizado para ocultar casos de feminicidio o con participación de miembros del crimen organizado– para enterrar a sus víctimas, que de acuerdo a información preliminar del Ministerio Público, existiría un modus operandi idéntico, con actos de violación y abuso con extrema crueldad hacía las cuatro mujeres víctimas que terminaron en feminicidio.

Si bien, producto de la investigación judicial ya se cuenta con una persona sentenciada a 30 años de cárcel y otras dos con detención preventiva, la institución defensorial recuerda al Estado boliviano que conforme el estándar interamericano de derechos humanos, tiene el deber de “investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”.

Así también, recuerda que conforme la Sentencia del Caso Gonzales y otras “Campo Algodonero” vs. México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos  estableció que “el deber de investigar efectivamente, siguiendo los estándares establecidos por la Corte, tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres”. 

En ese marco, la Defensoría del Pueblo exige a la Policía Boliviana, al Ministerio Público y al Órgano Judicial, a dar celeridad a las investigaciones para identificar a todas las personas involucradas en estos actos de violencia y sancionarlas con todo el rigor de la ley, a fin de sentar precedente frente a actos que como sociedad no se pueden permitir, mucho menos al tratarse de hechos que a priori estarían relacionadas con feminicidios o el crimen organizado. 

Asimismo, recuerda al Estado boliviano su responsabilidad reforzada de proteger a los familiares de las víctimas ante probables amenazas, y de investigar y sancionar con la debida diligencia a los autores, caso contrario, se estaría vulnerando los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y con el artículo 7.b de la Convención de Belem do Pará.

La Paz, 1 de marzo de 2021