DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXIGE CELERIDAD EN LA INVESTIGACIÓN DE LAS AGRESIONES CONTRA EL SR. JACOBO COPA EN EL MARCO DEL ACUERDO DE ESCAZÚ
18 de Julio de 2025 06:26 pm
La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegación Defensorial Departamental de Potosí, monitorea el conflicto en el Ayllu Cala Cala, con el objetivo de proteger los derechos de las comunidades y el medio ambiente. En esta región, las actividades mineras se desarrollan en una cuenca vital, hábitat de flora y fauna andina como vicuñas y cóndores, y podrían afectar los recursos hídricos locales.
Desde la Delegación Defensorial Departamental Potosí se solicitó información a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y a la Secretaría de la Madre Tierra de la Gobernación de Potosí, con el fin de verificar si las operaciones mineras cumplen con la normativa ambiental y minera vigente.
La intervención defensorial se realizó el 26 de junio de 2025, tras denuncias de violencia contra autoridades originarias y comunarios que defienden el medio ambiente en el Ayllu Cala Cala, quienes habrían sido agredidos por trabajadores de la Cooperativa Minera Mollepata.
Actualmente, la Delegación Defensorial Departamental de Potosí da seguimiento a la denuncia presentada por el Sr. Jacobo Copa ante el Ministerio Público de Uyuni, así como a los presuntos maltratos que habría sufrido en oficinas policiales.
La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con la protección de los derechos fundamentales, la seguridad de los líderes indígenas y la defensa del medio ambiente. En este sentido, exige a las autoridades competentes garantizar el acceso a la justicia y prevenir nuevos actos de violencia que pongan en riesgo la vida y la convivencia pacífica en la región.
El 11 de julio pasado, la Defensoría del Pueblo informó a la población sobre su intervención en este conflicto. Es importante recordar que la denuncia interpuesta por el Sr. Jacobo Copa se encuentra en proceso de seguimiento, y la institución enfatiza la obligación del Estado y la sociedad de garantizar la labor de personas como él, quienes defienden el medio ambiente, conforme al artículo 9 del Acuerdo de Escazú sean protegidos. Este tratado, del cual Bolivia es parte, establece la protección de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y asegura un entorno seguro y propicio para su trabajo.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo insta al Ministerio Público y a las autoridades locales a investigar esta denuncia con la máxima celeridad. La integridad de quienes protegen el medio ambiente no puede ser vulnerada, pues su labor es esencial para la defensa de nuestros recursos naturales y de los derechos de las comunidades.
Potosí, 18 de julio de 2025
