DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXIGE CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL 233/2024 PARA PROTEGER ÁREAS PROTEGIDAS Y DEMANDA ACCIÓN URGENTE ANTE INCENDIOS FORESTALES

La Defensoría del Pueblo, en el marco de su mandato constitucional de defensa de los derechos humanos y de la Madre Tierra, observa con profunda preocupación el avance de los incendios forestales que afectan áreas protegidas de carácter nacional, entre ellas la Reserva Biológica de Sama, donde 8.300 hectáreas resultaron afectadas y cuyo incendio ya fue sofocado; el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, con 14.566 hectáreas dañadas y focos de fuego aún activos; y el Parque Nacional Carrasco, que continúa en riesgo sin un reporte oficial actualizado sobre la extensión del área afectada.

Ante la magnitud de esta emergencia ambiental, la Defensoría del Pueblo exige el estricto cumplimiento de la Resolución Constitucional 233/2024 y exhorta a las autoridades de todos los niveles —nacional, departamental, municipal y de autonomías indígena originario campesinas— a priorizar la prevención, el control y la erradicación de incendios forestales en estas zonas. La protección de estos ecosistemas es un deber legal y ético, esencial para garantizar el derecho a un medio ambiente sano, la vida, la salud, la seguridad alimentaria y el bienestar de la población.

En este sentido, la institución recuerda al SERNAP y al Ministerio de Medio Ambiente y Agua la obligación de establecer mecanismos operativos oportunos y eficaces, en coordinación con el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa, dando estricto cumplimiento al Artículo 5° del Decreto Supremo N° 5225, que dispone el refuerzo del resguardo de áreas protegidas y reservas forestales. La respuesta del Estado debe ser inmediata y contundente para sofocar los incendios activos, reparar los daños y prevenir futuros desastres.

La inacción o la tardanza en la respuesta, compromete irreversiblemente la biodiversidad, el equilibrio ecológico y los derechos de las generaciones presentes y futuras. La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de monitorear permanentemente la situación, activar los mecanismos legales necesarios y exigir que las autoridades competentes asuman su responsabilidad. Asimismo, hace un llamado a la sociedad boliviana para unir esfuerzos en defensa de nuestro patrimonio natural, indispensable para la vida y el desarrollo sostenible del país.

La Defensoría del Pueblo es una Institución Nacional de Derechos Humanos con estatus ‘A’, cuya función es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución Política del Estado, las leyes y los instrumentos internacionales, con independencia y autonomía plena, que, en el ejercicio de sus funciones, no recibe instrucciones de los órganos del Estado.

La Paz, 14 de agosto de 2025