Defensoría del Pueblo exige investigación celera sobre hechos de violencia política en el municipio de Tapacarí

La Defensoría del Pueblo, en su rol constitucional de defensa, promoción y protección de los derechos humanos, ha tomado conocimiento de los hechos ocurridos el pasado 30 de julio en el municipio de Tapacarí, departamento de Cochabamba, donde un grupo de personas procedió a tapiar las instalaciones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal, impidiendo el normal ejercicio de funciones de las concejalas y concejales electos.

Con anterioridad, esta institución defensorial atendió denuncias presentadas por varias concejalas titulares del mencionado municipio, quienes reportaron actos de presión, hostigamiento, amenazas y persecución ejercidos presuntamente por concejales suplentes y personal del Órgano Ejecutivo municipal. Estas conductas, en el marco de la Ley N°243, Ley Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, configuran posibles hechos de violencia política, motivo por el cual se brindó acompañamiento institucional ante el Tribunal Supremo Electoral y, posteriormente, ante el Ministerio Público, con el fin de activar la acción pública a instancia de parte correspondiente. 

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo expresa su firme rechazo a toda forma de acoso y violencia política que atente contra los derechos de las mujeres en el ejercicio de cargos públicos, vulnerando principios democráticos y el acceso efectivo a la participación política en condiciones de igualdad.

Al amparo del artículo 222 de la Constitución Política del Estado y el artículo 5 de la Ley N°870, Ley de la Defensoría del Pueblo, instamos a la Policía Boliviana y al Ministerio Público a realizar una investigación pronta, imparcial y diligente que permita esclarecer los hechos y sancionar a las personas responsables, garantizando así el derecho de las autoridades electas a ejercer sus funciones sin amenazas ni coacciones.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo recuerda que, a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos, la lucha contra la violencia política hacia las mujeres no puede ser postergada, siendo un deber del Estado y de la sociedad en su conjunto asegurar condiciones reales de igualdad para el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

1 de agosto de 2025