Defensoría del Pueblo exige transparencia de información sobre contratos mineros

En los últimos años, el país viene atravesando situaciones adversas respecto al medio ambiente, que, por diferentes causas, afectan el ejercicio de los derechos humanos de las y los bolivianos, con mayor impacto en pueblos indígena originario campesinos, que se encuentran en una alta situación de vulnerabilidad.

En cumplimiento del ‘Acuerdo de Escazú’, ratificado por Bolivia el 3 de junio de 2019, la Defensoría del Pueblo, interviene de manera preventiva en todos aquellos casos que puedan vulnerar los derechos humanos en asuntos ambientales, haciendo hincapié en el Acceso a la Información Ambiental, como el derecho a pedir información que todas las personas tienen en relación a asuntos ambientales y desarrollo sostenible.

En esa línea, la Defensoría del Pueblo realiza el seguimiento al tratamiento del Proyecto de Ley (PL) 036/2023-2024 “Aprobación de diecinueve (19) contratos administrativos mineros suscritos por la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) con Cooperativas Mineras”, de las cuales, se solicitó la respectiva información a las instancias competentes.

Las respuestas otorgadas a las solicitudes enviadas a la Asamblea Legislativa Plurinacional, no cuentan con los informes técnicos del PL, siendo fundamental la necesidad de una Auditoría Ambiental de Línea de Base (ALBA), en caso de que estas áreas de explotación minera fueran explotadas previamente o que éstas áreas, estuviesen dentro de las restricciones establecidas en el art. 93.III incisos. a) y c) de la Ley 535. En ese marco, es imperante que la población tenga certeza sobre estos puntos de modo que se permita el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información de todo ciudadano en aplicación del ‘Acuerdo de Escazú’.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo remarca la necesidad de la aplicación de la Consulta Previa, siendo un derecho reconocido a nivel del bloque de constitucionalidad como lo establece la Constitución Política del Estado (CPE) y el Convenio 169 de la OIT. Por ello, es imprescindible que la sociedad boliviana, así como esta institución defensorial, tenga acceso a la información de los procesos de consulta previa que -vinculados a los 19 contratos administrativos mineros- se pretende aprobar mediante el PL.

Finalmente, cabe recordar que el Estado es responsable del cumplimiento del ‘Acuerdo de Escazú’, para lo cual debe promover la transparencia de la información en todas sus instancias, sobre todo en el cuidado de los derechos humanos en asuntos medio ambientales, materializando así la convivencia armónica y pacífica con la Madre Tierra.

La Paz, 13 de junio de 2024