Defensoría del Pueblo expresa preocupación por los posibles impactos del levantamiento de la subvención al diésel

Defensoría del Pueblo expresa preocupación por los posibles impactos del levantamiento de la subvención al diésel

20 de Septiembre de 2026 11:55 am

Defensoría del Pueblo expresa preocupación por los posibles impactos del levantamiento de la subvención al diésel

La Paz, 20 de septiembre de 2026 (UCOM-DPB).- La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por los posibles impactos económicos y sociales derivados del levantamiento de la subvención al diésel, particularmente sobre los hogares y sectores en situación de mayor vulnerabilidad.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación por los impactos sociales y económicos que puede provocar esta medida. Entendemos que el Estado debe atender desafíos económicos; sin embargo, cualquier política pública debe tener presente la preservación de los derechos a la alimentación, al trabajo, a la salud y a la educación”, afirmó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en contacto con medios de comunicación.

​Callisaya reconoció los desafíos financieros que enfrenta el país y la necesidad de adoptar medidas orientadas a la estabilidad. No obstante, exhortó al Gobierno a informar oportunamente a la población e hizo un llamado a los sectores movilizados a canalizar sus demandas de forma pacífica y respetuosa de los derechos de la ciudadanía.

​Ante el anuncio del Gobierno de convocar al diálogo, Callisaya instó a las autoridades a asumir una actitud proactiva. “No tiene que ser una acción de espera reactiva, tiene que ser una acción proactiva. Hay que bajar a las bases para explicarles la situación económica del país”, puntualizó.

​Mediante un pronunciamiento, la institución defensorial señaló que, debido a la importancia del diésel para el transporte, la producción agropecuaria y el comercio, es necesario prestar atención a sus efectos sobre el precio de la canasta familiar y servicios esenciales. Asimismo, instó a los gobiernos departamentales y municipales a implementar mecanismos de monitoreo de precios y abastecimiento. “La protección de los derechos humanos y la estabilidad económica deben ser atendidas de manera simultánea”, sostiene el documento.

​La Defensoría del Pueblo continuará realizando el seguimiento a los efectos de esta medida para plantear las recomendaciones que correspondan, en el marco de sus atribuciones constitucionales.