DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXPRESA PROFUNDA PREOCUPACIÓN POR LA INTERRUPCIÓN DEL PASO DE AMBULANCIAS Y EL RIESGO AL DERECHO A LA SALUD
05 de Junio de 2025 12:00 pm
La Defensoría del Pueblo manifiesta su profunda preocupación por los recientes hechos acontecidos en el municipio de Villa Tunari (Cochabamba) y en la localidad de Japo K'asa (carretera Oruro - Cochabamba), donde se ha reportado la interrupción del paso de ambulancias y vehículos de emergencia médica en el marco de las protestas y medidas de presión desarrolladas por distintos sectores sociales. Asimismo, ha tomado conocimiento del impedimento de abastecimiento de medicamentos para la continuidad del tratamiento de 80 personas que viven con VIH en el municipio de Entre Ríos, Trópico de Cochabamba.
Al respecto, es importante remarcar que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental reconocido en la Constitución Política del Estado (arts. 18 y 35) y en Tratados internacionales ratificados por Bolivia. La obstrucción del tránsito de ambulancias y el impedimento de atención oportuna a personas que requieren asistencia médica constituye una vulneración grave a este derecho, pudiendo derivar en consecuencias irreparables para la vida e integridad de las personas.
En el caso concreto de la obstaculización de traslado de una madre y su niño de un mes y tres días de vida, de Villa Tunari al Cercado cochabambino, en horas de la mañana se verificó que el menor recibe la atención médica necesaria en el Hospital Obrero N° 2 de la Caja Nacional de Salud, y que se le han realizado los estudios especializados requeridos, recibiendo, al momento, atención ambulatoria hasta obtener los resultados de los estudios realizados.
En ese marco, se reitera que el derecho a la protesta y la movilización social está garantizado, siempre que estas se ejerzan dentro del marco del respeto a los derechos de los demás. La protección de la vida y la salud debe ser prioritaria y no puede ser comprometida bajo ninguna circunstancia.
La Defensoría del Pueblo exhorta a los sectores movilizados a permitir el libre tránsito de ambulancias y vehículos de emergencia en todo el territorio nacional, garantizando rutas humanitarias que permitan atender a quienes requieren atención médica. A las autoridades competentes se reitera tomar las medidas necesarias para preservar el derecho a la salud de la población, sin judicializar la protesta, pero asegurando la protección de los derechos fundamentales.
La Defensoría del Pueblo continuará actuando dentro del marco de su mandato constitucional para velar por la vigencia y el respeto de los derechos humanos y mantendrá el monitoreo permanente de la situación de conflictividad en el país.
