DEFENSORÍA DEL PUEBLO FORTALECE CAPACIDADES SOBRE MINERÍA ILEGAL Y JUSTICIA AMBIENTAL CON EXPERTOS INTERNACIONALES
10 de Diciembre de 2025 06:40 pm
La Paz, 10 de diciembre de 2025.— La Defensoría del Pueblo fortalece las capacidades de sus servidoras y servidores públicos en temáticas de derechos humanos en asuntos ambientales y Madre Tierra, a través del curso especializado “Minería Ilegal, Formalización y Justicia Ambiental”. El evento contó con exposiciones magistrales de César A. Ipenza Peralta y Nicholas Framherz, expertos internacionales en materia ambiental.
“Se abordaron los complejos impactos ambientales, sociales y económicos que la región atraviesa en el tema minero; además, se enfatizó en justicia ambiental y en los derechos colectivos de los pueblos indígenas, para promover el acceso efectivo a la justicia y la protección de los derechos territoriales”, informó Claudia Flores, responsable del área de Debida Diligencia en Derechos Humanos y Madre Tierra de la Defensoría del Pueblo.
En su exposición, Ipenza analizó de forma integral la problemática de la minería ilegal en la región andino-amazónica, destacando sus tipologías e impactos ambientales, sociales y económicos. Por su parte, Framherz explicó el marco jurídico internacional aplicable y experiencias relevantes a nivel regional, así como el uso y tráfico de mercurio, abordando el marco normativo comparado, el Convenio de Minamata y las rutas de comercio ilegal desde México hacia Perú, Colombia y Bolivia.
El eje principal de las exposiciones giró en torno al alcance e incorporación del Acuerdo de Escazú en las normativas de los Estados, con énfasis en el acceso a la justicia en asuntos ambientales, destacando que “cada país debe garantizar el derecho a acceder a justicia ambiental y debe contar con instancias competentes, judiciales y administrativos, con conocimientos en materia ambiental”, entre otros aspectos.
“La iniciativa subraya el compromiso de la Defensoría del Pueblo con la capacitación continua de su personal, garantizando que cuenten con las herramientas técnicas y jurídicas necesarias para la defensa de los derechos humanos y ambientales en el contexto de la actividad extractiva”, concluyó Flores.
El proceso de capacitación fue desarrollado en colaboración con la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI), la Delegación de la Unión Europea y Wildlife Conservation Society (WCS).
