Defensoría del Pueblo ingresa al municipio cruceño de San Javier tras atropellos en contra de indígenas paikonekas

La Defensoría del Pueblo denunció una serie de atropellos protagonizados por guardias municipales de la Alcaldía de San Javier, en Santa Cruz, en contra de indígenas de la Central Indígena Paikoneka, cuando intentaron tomar la sede de esa organización con el argumento de convertirlo en un centro de atención para pacientes con COVID-19.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, informó que el Delegado Defensorial en Santa Cruz, Brayán Tintaya, se encuentra en esa localidad para posibilitar una solución a través del diálogo y el cese de la vulneración de derechos humanos, ante el riesgo latente de que se produzca una mayor confrontación, ante la presencia del personal municipal que permanece apostado al lado de la sede Paikoneka, y de unos 130 indígenas que hacen vigilia en el lugar.
 
“Hay varios comunarios golpeados y arañados por los personeros municipales que portaban palos y alambres de púa; se tiene información sobre la agresión a dos comunarias, una de ellas  golpeada con un artefacto de metal que le dejó una herida que requirió seis puntos de sutura en el hospital de San Javier; la otra es una concejala. Estos hechos son abusos, incluso, delitos”, advirtió la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

El incidente ocurrió la mañana de este martes, cuando unos 70 personeros municipales, entre guardias y funcionarios, encabezados por el Alcalde Armando Barbery Landivar, irrumpieron por la fuerza en la sede sindical indígena ante la resistencia de  los comunarios, entre ellos varias mujeres.
Ante la evidente negativa de los indígenas de dejar descargar los camiones con materiales en su sede, que funciona como Centros Pre-Natal, el personal edil agredió violentamente a las mujeres indígenas y a otras personas, dejándolas lastimadas y con heridas cortantes.

Cruz indicó que se conoció que una mujer fue golpeada con un fierro por el propio Alcalde Municipal y que entre las víctimas de agresión están Alejandra Arias, Isabel Surubí y la concejala Ángela Durán.

Según un comunicado de la Organización Indígena Paikoneka de San Javier (CIP-SJ) y la Organización de Mujeres Indígenas Paikonekas (OMIP-SJ), estas organizaciones,  junto a sus 60 comunidades afiliadas, se declararon en estado de emergencia ante la intención de las autoridades municipales que buscarían apropiarse de su sede con el pretexto de combatir el COVID-19. Según el pronunciamiento, tendrían en su poder un título de propiedad municipal sobre ese terreno, con el cual quieren despojarlos de su propiedad y atropellar los derechos indígenas legales reconocidos por la institucionalidad vigente y la Constitución.

Respecto a la afectación a la integridad personal de mujeres indígenas y de la Concejala Municipal, la Defensora dijo que las instancias estatales, conforme al marco constitucional, así como a las leyes 348 y 243, deben activar con carácter de urgencia las acciones de protección y atención inmediata para evitar daños mayores a dicha población.