Defensoría del Pueblo inicia investigación tras identificar vulneraciones en la atención médica de fallecido por COVID-19

La Defensoría del Pueblo identificó vulneraciones a la continuidad del tratamiento del paciente Richard S. K., ejecutivo de la empresa AXS, quien falleció cerca a la medianoche del domingo 29, cuando era trasladado al Hospital del Norte en El Alto, con un diagnóstico positivo para el coronavirus COVID-19, y anunció una investigación de oficio sobre este hecho ante las varias interrogantes que existen.

“Se puede establecer que en el camino recorrido por el paciente desde su salida de la Clínica del Sur hasta su fallecimiento, bajo lo establecido en los denominados protocolos, se encuentran vulneraciones a la continuidad del tratamiento, a la salud y a la vida de dicho paciente”, indicó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

De acuerdo con el relato de los familiares, hecho público mediante un comunicado, S.K. quien había llegado al país proveniente de Nueva York, Estados Unidos, estaba internado en la Clínica del Sur cumpliendo los protocolos establecidos para enfermos con coronavirus COVID-19, pero fue trasladado al Hospital Municipal La Portada, que no contaba con una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y, posteriormente, por instrucción del Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz, fue llevado al Hospital del Norte El Alto. 

La Defensora señala que es importante saber el por qué el SEDES determinó el traslado del paciente al Hospital Municipal de La Portada, cuando la Clínica del Sur se encuentra debidamente capacitada técnica y profesionalmente, equipada y reconocida por el Ministerio de Salud para recibir pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19”.

“Fuera de privar al paciente del derecho de escoger libremente a su médico o establecimiento de salud de confianza, el SEDES lo traslada a un hospital de segundo nivel, igualmente apto para la atención de este virus, pero sin el área especializada de UTI”, alertó.

Según un comunicado de la Alcaldía de La Paz, las clínicas privadas negaron recibir al paciente, cuando su personal médico se contactó con ellas “en procura de conseguir el servicio de terapia intensiva”. 

De ser así, la Defensora del Pueblo considera que estas clínicas privadas deben explicar el por qué se negó la atención al ahora paciente fallecido. Ante esta situación, Cruz planteó que el Estado declare de utilidad pública a las clínicas privadas, mientras dure la emergencia sanitaria, para contar con mayores insumos y condiciones para socorrer y atender a los pacientes enfermos con el COVID-19. 

De acuerdo con el comunicado de la Alcaldía paceña, sus galenos se contactaron con el Hospital del Norte, “que es el hospital de referencia para casos severos de coronavirus, que aceptó recibirlo”.  

Ante esta situación, la Defensora señaló que “una vez más surge el término protocolo, al cual se le puede criticar la falta de atención oportuna al señor S.K., debido a que el paciente empeoraba mientras se procedía a la búsqueda tediosa de una clínica privada con UTI y se demoraba en el traslado al Hospital del Norte”.

“Es preocupante que se indique que dicho hospital haya aceptado recibir a Sandoval, cuando está obligado a la atención de cualquier enfermo con cualquier patología, más aun en una situación de pandemia y ser un hospital de referencia para casos severos de COVID-19”.

Para la Defensora del Pueblo la realización de una auditoría médica externa, como anunció el Ministerio de Salud, entre otras acciones, mediante otro comunicado, “conllevaría únicamente a retardar o incluso impedir el esclarecimiento de este caso y sus responsables, puesto que no es un instrumento para encontrar responsabilidad y sería una investigación llevada a cabo por el mismo personal de salud, que se limitaría a emitir recomendaciones para la mejora de los procesos de la calidad de salud, con lo que se limitaría el acceso a la justicia”.

La institución defensorial realizó una investigación, plasmada en el informe “La Auditoría Médica no constituye un instrumento eficaz para garantizar el acceso a la Justicia”, en la que establece que éstas son ineficaces e ineficientes para determinar indicios o evidencias de responsabilidad en posibles actos de mala práctica médica.