Defensoría del Pueblo invoca a los grupos movilizados a acudir al diálogo ante la gravedad del conflicto*

La Defensoría del Pueblo, ante la situación actual que vive el país tras seis días de bloqueo nacional de caminos y el diálogo fallido entre la Central Obrera Boliviana, el Pacto de Unidad y el Tribunal Supremo Electoral, el pasado miércoles 5 de agosto, y los recientes enfrentamientos sucedidos entre bolivianos en las localidades de del Departamento de Santa Cruz, convoca a las partes en conflicto a priorizar el diálogo para alcanzar una salida y un acuerdo respecto a la fecha de las elecciones nacionales. (Foto: La Razón)

La Institución Defensorial exhorta a las organizaciones y sectores sociales movilizados a acudir al diálogo con el Tribunal Supremo Electoral y los otros actores sociales, para solucionar las diversas posiciones respecto a la fecha de las elecciones nacionales, con el fin de evitar una escalada de hechos de violencia, y promover el respeto a los derechos y garantías constitucionales, garantizando un proceso electoral democrático, pacífico con alta participación para asegurar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de todas y todos los bolivianos.

 

Observa que el actual conflicto se agrava, que la violencia y enfrentamientos van en aumento, por ello exhorta, nuevamente, a los grupos movilizados a respetar los derechos humanos, a garantizar la libre transitabilidad de ambulancias y vehículos con oxígeno medicinal u otros insumos médicos para evitar afectar el suministro de estos materiales necesarios para quienes se encuentran en centros hospitalarios recibiendo atención médica.

 

La Defensoría del Pueblo pide a los actores movilizarse en el marco del derecho a la protesta pacífica de la población, garantizado por la Constitución Política del Estado, a fin de evitar la difusión de información que no se ajusta a la realidad y que puede deslegitimar sus demandas.

 

Finalmente,  rechaza categóricamente todo tipo de confrontaciones, agresiones y hechos de violencia contra la integridad física de las personas y de la propiedad pública y privada, así como el uso innecesario de la fuerza pública y de agentes químicos.