DEFENSORÍA DEL PUEBLO LLAMA AL ESTADO A OPTIMIZAR GESTIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD EN EL PAÍS

En un monitoreo permanente de la conflictividad en Bolivia, la Defensoría del Pueblo, a visibilizado a través de dos reportes trimestrales de la presente gestión el creciente registro de demandas de diferentes sectores sociales no atendidas por el Estado, hechos que han derivado en la expresión de su disconformidad a través de diferentes medidas de presión como marchas y bloqueo de vías.

De acuerdo al segundo reporte sobre la Conflictividad, correspondiente al segundo trimestre de 2024, se registraron en el país 171 conflictos, de los cuales 59 se refieren a la vulneración del derecho al trabajo y empleo. En los últimos meses, la situación de conflictividad fue agudizándose, por demandas en torno al derecho a la alimentación, derechos políticos, derecho al medio ambiente, entre otros.

Es de conocimiento público que diferentes sectores han anunciado a través de medios de comunicación, y, actualmente, están en desarrollo movilizaciones en diferentes regiones del país, demandando la atención del Gobierno en temas que trastocan los intereses de la familia boliviana.

En el marco del ejercicio del derecho a la protesta como una manifestación del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica fundado en fines legítimos y que no afecten los derechos de terceros, se insta al Gobierno a recurrir al establecimiento de espacios de diálogo que permitan alternativas de soluciones a las demandas sociales, a fin de prevenir situaciones de violencia. 

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo, a través de sus 21 oficinas distribuidas en el territorio nacional, monitorea de cerca esta situación y se mantiene alerta ante posibles violaciones a los derechos humanos, priorizando la protección de las poblaciones más vulnerables.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece claramente que el derecho a la protesta pacífica y la importancia de garantizar la integridad de los manifestantes; en consecuencia, es imperativo que tanto el Estado como los actores sociales cumplan con estas normas fundamentales.

Instamos al Estado a establecer espacios de diálogo genuino con los actores sociales para encontrar soluciones pacíficas a las demandas ciudadanas. Asimismo, exhortamos a todas las partes involucradas a respetar los derechos humanos de terceros ajenos al conflicto y a actuar con moderación, buscando siempre el bien común.

La Paz, 2 de septiembre de 2024