Defensoría del Pueblo observa escasa información oficial sobre las limitaciones del sistema de salud para hacer frente al COVID-19

La Defensoría del Pueblo observa que existe escasa información oficial sobre las limitaciones del sistema de salud en el país, acerca de la adquisición de respiradores mecánicos, de la cantidad de unidades de terapia intensiva existentes, sobre la provisión de reactivos o insumos para la detección o testeo del COVID-19, y sobre la proyección de contagios en el territorio nacional.

“La institución advierte que existen aspectos que no son claros en cuanto a la información que se maneja de cara a la población, y una limitación informativa por parte del Estado relativa a las políticas de prevención, contención, tratamiento y de transición pasada esta pandemia. La información que se brinda es descriptiva e incide en comunicar, básicamente, el aumento diario de casos”, apuntó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Esta falta de información, acotó, limita no sólo el derecho a la información, a la que tienen todos los bolivianos, sino el derecho a la salud, pues esa carencia provoca confusión en la población e implica falta de previsión para la atención de la pandemia.

La autoridad añadió que cuando el Gobierno lanzó las primeras medidas para enfrentar el coronavirus, a principios de marzo, la amenaza de que el virus llegue a Bolivia era inminente y la capacidad resolutiva para realizar los exámenes de diagnóstico nacional y por departamento era, y aún lo es, totalmente reducida. El Gobierno no informó sobre esta limitación.

Observó que tampoco existe información precisa sobre la adquisición de respiradores mecánicos. Los existentes, según información difundida en un medio de comunicación, alcanzan a 180 distribuidos en el sistema de salud público, privado y de seguridad social, de los cuales 120 se encuentran ocupados en hospitales públicos. A estos se suman 21 equipos para pacientes con coronavirus.

También apuntó que no se informó ampliamente que de los 33 hospitales públicos de Tercer Nivel existentes en el país, sólo 23 cuentan con una unidad de terapia intensiva y, excepcionalmente, una en  uno de Segundo Nivel en La Paz; que suman 220 camas de terapia intensiva y la ocupación por cama en promedio del 90%. A la fecha, se desconoce si se hizo efectivo el anuncio del Ministro de Salud, Aníbal Cruz, sobre la compra de al menos 300 unidades de terapia intensiva para la nueva etapa del coronavirus en el país. 

El Gobierno tampoco hace conocer sobre la escasa provisión de reactivos o insumos apropiados para la detección o testeo del COVID-19, pese a los Decretos Supremos 4174 y 4179, que autorizan la contratación directa de insumos y equipamiento ante la presencia del virus en el país.

No informa sobre el reglamento de la decisión de la Presidenta del Estado Plurinacional, Jeanine Áñez, de dotar canastas familiares a quienes no tienen ingresos para enfrentar este periodo de restricciones, al igual que sobre las medidas para personas adultas mayores que viven solas o se encuentran desprotegidas.

La directora de la OPS, Carissa Etienne, declaró que “los países con sistemas de salud más débiles conllevan un mayor riesgo” en la epidemia del coronavirus y citó entre ellos a Bolivia, Paraguay, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Surinam, Guyana, Haití y las islas en la parte del Caribe.  Dijo que ese riesgo es “no solo para la importación de casos, sino también para la capacidad de garantizar una vigilancia sólida y detectar casos de manera temprana”.

En ese sentido, la Defensora alertó que “la capacidad resolutiva para la atención de enfermos y el aumento de casos positivos podría llevar a que los hospitales colapsen, posiblemente, en un tiempo relativamente corto que no alcanzará para implementar ambientes para albergar a pacientes con el virus; hay que estar conscientes que la demanda de la población supera la capacidad instalada de los hospitales a nivel nacional, por lo que se hace urgente que el Gobierno habilite espacios, incremente la cantidad de camas y personal de salud”.

Considera urgente la dotación de reactivos suficientes para las pruebas a toda la población; la Implementación de laboratorios para el procesamiento de muestras en cada capital de departamento,  la dotación respiradores en una cantidad considerable de acuerdo al pronóstico que se tenga, tomando que este instrumento es vital para los pacientes enfermos.

Cruz pidió asegurar insumos y equipamiento de bioseguridad para los médicos y garantizar la atención de la enfermedad ante la amenaza del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (SIRMES) de La Paz, de no atender a pacientes sospechosos y contagiados de coronavirus ante la falta de un adecuado equipamiento de bioseguridad para el personal de salud; “ello no sólo implicaría poner en riesgo la atención a la población, sino que deja en duda sobre la protección que estaría dando al sector salud.

“El Gobierno debe asegurar la protección del personal médico y de salud que se encuentra haciendo frente a la coronavirus en el país, y dotar con urgencia de los equipos de bioseguridad e insumos necesarios para cuidar la salud de estos profesionales”, manifestó la Autoridad defensorial.

Pidió, también, mejorar la coordinación de las acciones de prevención y control entre el Gobierno central y los gobiernos departamentales, para alcanzar los niveles de cumplimiento de las medidas y restricciones por parte de la población; ya que se ha visto que las realidades regionales superan la mirada nacional. Además, considerar la estructura orgánica de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a través de un diálogo horizontal, donde prime la información de contenidos y no solamente amenazas sobre consecuencias latentes in abstracto.

Además, alertó que “la etapa posterior al coronavirus es incierta ya que el Estado no determinó ni informó sobre las medidas en esta etapa de transición post COVID-19, ni sobre la prevención de una segunda ola de contagio. Toda esta información no puede categorizarse como privilegiada”. 

La institución defensorial considera que no se deben priorizar las medidas punitivas sobre la información y la prevención, que las multas establecidas pueden llevar a una discrecionalidad en el cobro las mismas y que los arrestos no deben entenderse como una medida principal para cumplir las disposiciones y que, incluso, pueden significar una medida de propagación del virus; peor aún, considerando que el Estado boliviano ya incumple con sus obligaciones especiales respecto a la población en situación de encierro, por lo que incrementar la cantidad de personas privadas de libertad, no resulta una salida lógica a políticas de “distanciamiento social”.

La Defensora, finalmente, pidió asegurar y garantizar las medidas de bioseguridad para los efectivos policiales y militares que se encuentran a cargo del control del cumplimiento de las restricciones por el COVID-19, tomando en cuenta la forma de contagio del virus y que los uniformados no son personal de salud para tomar las precauciones necesarias.