Defensoría del Pueblo observa falta de transparencia en la compra de 170 respiradores y exhorta intervención de la Contraloría General del Estado

La Defensoría del Pueblo solicitó a los ministerios de Justicia y Transparencia Institucional y de Salud, a la Contraloría General del Estado y a la Asamblea Legislativa Plurinacional  informar, supervisar e investigar la compra de 170 unidades de respiración artificial destinadas al tratamiento de los enfermos con el COVID-19.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, observó la total falta de transparencia en la información proporcionada por las autoridades nacionales, respecto a las características de los equipos adquiridos, así como de los alcances económicos de la compra, lo que ha generado fundadas dudas y cuestionamientos; “por esta razón, a la cabeza de las instituciones competentes se debe esclarecer todo el proceso de contratación, envío y equipamiento de estos instrumentos médicos, en el marco de la transparencia y acceso a la información”.

La Defensora, recordó que el Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos señala que “los sistemas de salud en los que faltan la transparencia, la participación y la rendición de cuentas, ofrecen un fértil caldo de cultivo para la corrupción”.

Ante ello, mediante una nota, pidió al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra, una investigación de oficio sobre el proceso de adquisición de los 170 respiradores y al Contralor General del Estado, Henry Lucas Ara, acciones de supervisión al proceso de la compra de esos equipos, en el marco de la Resolución 070/2017.

Además, solicitó a la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa, que instruya la inmediata investigación en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras, y al Ministro de Salud, Marcelo Navajas, que informe sobre el proceso de contratación, los criterios  técnicos y económicos para la compra de esos equipos, así como las razones para desechar el apoyo técnico de los especialistas.

Para la Defensoría del Pueblo, esta situación supone una afectación directa a la salud de la población, pues estos instrumentos tenían el objeto de coadyuvar a las unidades de terapia intensiva para la atención de la pandemia COVID-19; sin embargo, a más de dos meses del inicio de la cuarentena no existen avances en cuanto al equipamiento de estas unidades. En consecuencia, los pacientes positivos se encuentran en grave riesgo ante la ausencia de estos respiradores y el inminente colapso de las unidades de terapia intensiva.

De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cada respirador, adquirido bajo la modalidad de contratación directa, tuvo un costo de 29.411 dólares  o 204.700 bolivianos, Lo que suma un total de 5 millones de dólares.
Según la empresa boliviana Mechatronic Ambulatory Medical Breathing Unit (MAMBU), un dispositivo nacional con mejores características técnicas que las adquiridas por el Gobierno tiene un precio de 6.800 bolivianos, incluidos impuestos de ley.

La Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva se declaró en estado de emergencia nacional y afirmó que la ventilación mecánica es una intervención que puede salvar vidas pero que también las puede empeorar; demandó a las autoridades nacionales tomar en cuenta las sugerencias de los especialistas. Su presidente, el doctor Adrián Ávila, indicó que los respiradores cuestionados no cumplen con los requisitos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y no pueden considerarse ni respiradores, ni ventiladores y que no sirven para emergencias. La Sociedad Boliviana de Emergenciología, por su parte, manifestó que esos equipos no son aptos para emergencias y que no cuentan con baterías.