DEFENSORÍA DEL PUEBLO PARTICIPÓ DE LA SESIÓN DE TRABAJO DE LA FIO SOBRE LA INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN LAS EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL

La Defensoría del Pueblo de Bolivia, participó de la sesión de trabajo convocada por la Federación Iberoamericana de Ombudsman FIO, con el objetivo de discutir y analizar la incorporación del enfoque de derechos humanos en las evaluaciones de impacto ambiental, con miras de proponer recomendaciones para fortalecer este instrumento preventivo a la luz de los recientes desarrollos internacionales y regionales, para enfrentar la creciente conflictividad socioambiental en la región, particularmente asociada a la minería, los días 2 y 3 de septeimbre, en la ciudad de Santiago de Chile. 

Las jornadas de trabajo fueron realizadas en el marco de las conclusiones de la conferencia de las Naciones Unidas, sobre el Desarrollo Sostenible (Rio+20), donde los países resaltaron la necesidad de lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones: Económico, Social y Ambiental; y de la necesidad de impulsar en el ámbito de la minería, el desarrollo económico, reducir la pobreza,  ayudar a los países a lograr los objetivos de desarrollo, en un marco de respeto de los Derechos Humanos y del Medio Ambiente.

Al evento propiciado por la CEPAL y la GIZ asistieron las delegaciones de las Defensorías del Pueblo de Colombia, Perú, Ecuador,  Argentina, México, Brasil; además del Instituto Danés en Derechos Humanos. Asimismo, se desarrolló recomendaciones para los Estados y empresas sobre el derecho de acceso a la información, participación pública, consulta previa y libre para pueblos indígenas.

En la actividad, en términos generales, se estableció que, a pesar de la ratificación de instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, en algunos países no se han promulgado normas que permitan ejecutar en términos formales y genuinos procesos de consulta. Para algunos la falta de regulación acarrea la aplicación de una consulta muy básica que no cumple con los estándares necesarios; y que esto repercute en conflictos territoriales entre Estado, empresas y comunidades.

En ese sentido, se planteó que la entidades responsables deben identificar debida y oportunamente a los pueblos indígenas que pueden ser afectados por un proyecto o actividad y sus representantes bajo criterios aceptados internacionalmente; asimismo que debe prestarse especial atención a quienes no habiendo sido identificados solicitan ser parte de un proceso de consulta y aplicar criterios razonables y flexibles en cuanto a plazos para quienes, habiéndose establecido su derecho, se sumen al proceso; entre otros.