Defensoría del Pueblo pide a la Cancillería atención para los 8 bolivianos varados en Brasil

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en una nota formal remitida a la Canciller, Karen Longaric,  pidió que, en tanto se gestione el traslado al país de los ciudadanos bolivianos varados en Brasil, se pueda coordinar con las carteras de Estado que correspondan y las representaciones consulares más cercanas, para brindar atención a las necesidades de aquellos ciudadanos, tales como alimentación, asistencia médica, hospedaje y otros de primera necesidad.

La Defensoría del Pueblo, registró denuncia sobre la situación de ocho ciudadanos bolivianos, que por diferentes motivos se encuentran varados en Brasil, imposibilitados de regresar al país debido a las medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno para combatir el COVID-19. Según la queja, el 25 de marzo pasado, autoridades del consulado boliviano en San Pablo les habrían informado que el 26 de marzo saldría un vuelo del TAM desde el aeropuerto de Guarulhos con rumbo a Santa Cruz de la Sierra, en el que serían transportados para luego entrar en cuarentena estricta.

“El avión habría llegado al aeropuerto, pero después de una larga espera de 15 horas se enteraron que se prohibió su repatriación y, según denunciaron, fueron abandonados a su suerte sin considerar que en el grupo se encontraba una mujer embarazada y una persona enferma que requiere atención médica”, manifestó la Defensora.

En la misiva, remitida en el pasado miércoles, Cruz le pide a la Ministra de Relaciones Exteriores “haga conocer las razones por las cuales no se permitiría el retorno de las y los bolivianos varados en el vecino país y que, en consideración de lo que dispone el Decreto Supremo 4196 y si no existe impedimento, “se gestione de manera inmediata el retorno a territorio nacional” de los ocho ciudadanos bolivianos que se encuentran varados en Brasil, “por encontrarse en situación de necesidad y emergencia”.

Por la emergencia nacional, se pidió que la Cancillería pueda remitir la información sobre las acciones adoptadas, en un plazo extraordinario de 48 horas.