Defensoría del Pueblo pide acciones disciplinarias y penales en contra de fiscales y policías por hostigamiento y persecución política a ex funcionarios de Mi Teleférico

Defensoría del Pueblo pide acciones disciplinarias y penales en contra de fiscales y policías por hostigamiento y persecución política a ex funcionarios de Mi Teleférico

14 de Diciembre de 2020 08:54 am

Defensoría del Pueblo pide acciones disciplinarias y penales en contra de fiscales y policías por hostigamiento y persecución política a ex funcionarios de Mi Teleférico

La Defensoría del Pueblo emitió una resolución defensorial en la que recomienda a la Fiscalía General y a la Policía Boliviana iniciar acciones disciplinarias en contra de fiscales y policías por el uso de prueba obtenida indebidamente y por la vulneración de derechos de ex funcionarios de la empresa Mi Teleférico, respectivamente; también recomienda a la Fiscalía Departamental de La Paz investigar a las personas que habrían participado en los actos de hostigamiento, acoso laboral y persecución política a personal de la entidad de transporte por cable.

Resolución Defensorial caso Mi Teleférico.


Asimismo, pide al Consejo de la Magistratura iniciar una auditoría jurídica a los dos procesos penales seguidos contra ex funcionarios de Mi Teleférico. En ambos procesos, la institución defensorial evidenció que la prueba sobre la que se sostienen los mismos es altamente cuestionable en su forma de obtención, y la falta de un nexo causal entre varias de las hipótesis desarrolladas por el Ministerio Público para evidenciar la autoría de los delitos supuestamente cometidos.

 

En la revisión de los actuados de estos procesos, seguidos contra César Luis Dockweiler Suárez, Norah Liliana Rengifo Tamayo, Edwin Irineo Alcón Ezequiel y Marcelo Terceros Loza, quienes presentaron denuncia en la Defensoría del Pueblo el 16 de diciembre de 2019, se pudo establecer que existe una apariencia de legalidad para encubrir una motivación política y que hubo varias vulneraciones como a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa.

 

La institución defensorial encontró, por ejemplo, la inexistencia del acta de la audiencia de medidas cautelares de Rengifo y que Alcón fue dejado seis días en celdas judiciales; y que hubo vulneración del derecho a la privacidad e intimidad de Rengifo y de su hijo menor de edad.

 

En la resolución defensorial, la institución también aconseja a la empresa de transporte por cable iniciar una investigación para determinar la veracidad de los testimonios que dieron servidores de esta entidad y en los que señalan la existencia de una serie de actos de presión y hostigamiento para que brinden información incriminatoria penalmente en contra de determinado personal; además, pide revisar la forma en que fueron desvinculados decenas de empleados de esta entidad desde el 12 de noviembre de 2019 hasta la fecha, para que en la medida de las posibilidades sean reincorporados aquellos que hubiesen sido retirados de forma ilegal.

 

En los testimonios recogidos por la Defensoría del Pueblo, como parte de la investigación que inició en diciembre de 2019, se observa que la Gerencia de esta empresa, durante el Gobierno de transición, habría coaccionado a su personal de manera sistemática para obtener informes y declaraciones en contra de la anterior Gerencia, en compañía de altas autoridades de la anterior administración gubernamental y asesores externos,  y lo habría hecho bajo amenaza del inicio de procesos penales o de desvinculaciones.

 

La entidad defensorial conoció que, entre el 12 de noviembre de 2019 y el 6 de noviembre de 2020, Mi Teleférico retiró a 228 servidores, 165 de los cuales correspondían a contratos finalizados en 2019, tres por evaluación de periodo probatorio, y 42 desvinculaciones por renuncia, en un periodo que coincide con los actos de hostigamiento; asimismo, que, durante el Gobierno Transitorio, inició dos procesos penales: uno, en contra de los aportes del personal para actividades de confraternización o políticas, y dos, en contra del uso para fines políticos del Lab Audiovisual Tres60, ambos con pruebas altamente cuestionables en la forma de obtención y por su falta de nexo causal con los delitos sindicados. También se identificó que durante los dos últimos años se incurrió en la persecución de 104 funcionarios.

 

La resolución defensorial fue notificada con las recomendaciones a las partes involucradas en este caso, este lunes a primera hora de la mañana.