Defensoría del Pueblo pide al Gobierno cumplir con sus obligaciones financieras con PAT y evitar afectar la libertad de expresión y derechos laborales

La Defensoría del Pueblo, en notas remitidas a la Presidenta del Estado, Jeanine Áñez, y a la Ministra de Comunicación, Isabel Fernández, pidió la adopción de medidas para cumplir con sus obligaciones financieras, derivadas de los servicios de difusión de propaganda, con el canal PAT, pues al no hacerlo está afectando el derecho a la libertad de expresión tanto de los periodistas como de la población en general, y afectando derechos laborales.

“Corresponde que el Gobierno cumpla con sus obligaciones con el medio de comunicación PAT, ya que, por la denuncia efectuada por sus trabajadores, quienes se contactaron con la Defensoría del Pueblo para hacer conocer la situación que enfrentan, el Estado estaría comprometiendo la libertad de expresión de quienes difunden noticias, como a los que se nutren de ellas”, señaló la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

En las misivas se indica que “en enero de la presente gestión, la ex Ministra de Comunicación aceptó públicamente que el Gobierno adeuda a PAT una suma aproximada a los quinientos mil dólares americanos, pero que dicho pago retornaría al Estado por la deuda del medio de comunicación con el SIN; sin embargo, la denuncia efectuada señala que, a la fecha el Estado no cumplió con esta obligación”.

Esta situación, indicó la Defensora, también estaría afectando a los trabajadores del medio y sus familias. De acuerdo con la denuncia de éstos, el Gobierno adeuda a PAT cerca de medio millón de dólares con concepto de difusión de propaganda estatal, y como efecto de esa situación no cobraron tres meses de sueldos.

En un programa emitido al aire, ellos denunciaron que ya no tienen recursos para comprar alimentos para sus hijos, que tuvieron que empeñar sus objetos personales y que algunas mujeres están enfermas y otras embarazadas sin poder comprar medicamentos y con riesgo de perder a sus bebés.

“Es necesario tomar consideración de la precaria situación de los trabajadores de dicho medio televisivo pues, en el actual contexto sanitario, se tornan en un grupo de alta vulnerabilidad en vista de no contar con un salario, y, por el hecho de tener una fuente laboral, no son pasibles a acceder a los bonos de mitigación económica impulsados por el gobierno, frente al avance del coronavirus”, apuntó Cruz.

Para la Defensora, la crisis económica en la que está sumido PAT “podría, a su vez, ser la suerte de cualquier otro medio que dependa principalmente de la publicidad estatal”, aspecto que se considera como vulnerador del derecho a la libertad de expresión.

Cruz recordó que la Declaración de Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que “La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”. Comentó que el análisis realizado por la CIDH, advirtió que la libertad de expresión no sólo comprende el erecho de tratar de comunicar a otros los puntos de vista, sino que “implica también el derecho de todas a conocer opiniones, relatos y noticias”.

Añadió que a las vulneraciones apuntadas se suman el incumplimiento de deberes de los servidores públicos del Ministerio de Comunicación, quienes no procesan los pagos por servicios publicitarios, y que la falta de liquidez implica no sólo un retraso en el pago de salarios, sino también un riesgo para la estabilidad laboral, y la falta de pagos de los seguros a corto y largo plazo de los trabajadores de la prensa, hechos que indudablemente comprometen la libertad de expresión.