Defensoría del Pueblo pide dejar de hostigar a autoridades municipales mujeres que fueron retenidas para obligarlas a desvincular funcionarios ediles en Mairana

La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por la toma del edificio del Gobierno Municipal Autónomo de Mairana, este 29 de junio, que impidió el paso alimentos, el corte de los servicios de agua y energía eléctrica, además de la retención de la Alcaldesa Ana Mendoza y la Presidenta del Concejo Municipal, Cándida Barrientos, por representantes de la Subcentral Campesina de ese municipio, como una forma de presión a estas autoridades para la resolución de los contratos del personal que prestan en el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA).

La Institución Defensorial repudia la afectación a las dos autoridades mujeres, quienes fueron retenidas para obligarlas a desvincular a personal edil, presumiblemente, por el solo hecho de haber promovido una denuncia de violencia familiar contra un Concejal del municipio, proceso que se encuentra en investigación.

El Artículo7 de la Ley N° 234, Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres señala que: “Se entiende por acoso político al acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas, cometidos por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político - pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos”.

En tal sentido, es importante recordar a los pobladores del municipio de Mairana y a sus representantes que el continuar con estos hechos de presión, persecución u hostigamiento, podría calificarse como la comisión de un delito penal. Asimismo, se insta a la parte demandante que al existir los procedimientos administrativos internos por medio del cual se puede solicitar una resolución de contrato, acuda a esta vía y acompañe la documentación necesaria. 

La Defensoría del Pueblo pide a la Policía Boliviana asumir su mandato Constitucional de defensa de la sociedad y la conservación del orden público y, además, que garantice la seguridad de la Alcaldesa y concejalas, autoridades mujeres electas, de igual forma otorgue garantías para el normal funcionamiento del Gobierno Autónomo Municipal.

Pide al Ministerio Público, en apego al texto constitucional, defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad y estar en alerta ante la posible comisión del delito de acoso y violencia política para ejercer la acción penal pública que corresponda.

Finalmente, la Institución Defensorial exhorta a los sectores involucrados (demandantes y la institución demandada) generar espacios de diálogo y buscar de una manera pacífica una salida alternativa al conflicto, mismo que de persistir perjudicará el normal funcionamiento del municipio.

La Paz, 30 de junio de 2022