Defensoría del Pueblo pide investigación objetiva en el caso de Yassir Molina y que ésta se amplíe a otros actores que incurrieron en actos paraestatales

La Defensoría del Pueblo realiza seguimiento a las acciones de la Policía Boliviana y el Ministerio Público en la detención del líder de la agrupación Resistencia Juvenil Cochala (RJC) para verificar que se respeten sus derechos humanos y se garantice el debido proceso. Se evidenció que esta persona no fue víctima de violencia ni malos tratos durante el operativo para su aprehensión y traslado a la ciudad de Sucre, que se le asignó un abogado de Defensa Pública, que se le realizó un examen médico forense y que se acogió a su derecho al silencio en su declaración informativa.

Los delitos por los que fue detenido Yassir Molina son organización criminal con relación a los delitos de fabricación ilícita, uso de armas no convencionales, atentado contra bienes públicos, impedir y estorbar el ejercicio de funciones, tenencia y porte o portación ilícita, destrucción o deterioro de bienes del estado y la riqueza nacional, privación de libertad y daño calificado, por la vigilia protagonizada, la gestión pasada, en puertas de la Fiscalía General del Estado, en la que se exigía la renuncia de la Máxima Autoridad de esta institución.

No obstante que el proceso penal fue iniciado por los delitos cometidos en contra del Ministerio Público y su Máxima Autoridad, es importante que se considere que existe una cantidad considerable de denuncias en contra de Yassir Molina y la agrupación que lidera, en el departamento de Cochabamba, que a más de un año de cometidos los actos delincuenciales no existen procesos de investigación con avances importantes, ni se ha identificado a actores materiales y, peor aún, sin que exista una condena ejemplarizadora que evite en un futuro actos similares realizados por grupos que se arrogan la competencia de instancias estatales como es la Policía Boliviana.

En el Informe “Crisis de Estado, Violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Noviembre-Diciembre 2019”, se identifica a esta agrupación como un grupo paraestatal que usó la fuerza en contra de sectores sociales que no concordaban con la línea política del Gobierno Transitorio; que limitó las funciones de la Delegación Defensorial Departamental de Cochabamba, amedrentó y amenazó a nuestros servidores públicos, por lo que se recomendó el inicio de procesos de investigación en relación a tales vulneraciones de derechos humanos y la limitación de la labor de nuestra institución.

Esta agrupación también incurrió en actos de discriminación y violencia contra un grupo de mujeres de pollera quienes fueron desalojadas violentamente de la plazuela de Cala Cala en la ciudad de Cochabamba, lo que provocó una protesta pública. La Institución Defensorial tomó conocimiento de las denuncias por violencia y acoso político por este hecho y por actos violentos contra periodistas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras su visita a Bolivia en diciembre de 2019, calificó a esta agrupación civil como una fuerza paraestatal que actuó con total aquiescencia del Estado durante los conflictos poselectorales de 2019.

La Defensoría del Pueblo exhorta al Ministerio Público a que el proceso penal iniciado en contra de esta persona respete el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa; que las actuaciones dentro del procedimiento se enmarquen en todo momento a las garantías judiciales plasmadas en la Constitución Política del Estado y en los estándares internacionales de derechos humanos; que se realice la investigación objetiva en todos los actos denunciados en contra de Yasir Molinas, no obstante, también exige que esta investigación se amplíe a todos los actores que participaron de los actos ilegales cometidos por la Resistencia Juvenil Cochala.

La Paz, 14 de marzo de 2021