Defensoría del Pueblo pide investigar denuncias sobre acoso y violencia política contra dos candidatas de PAN-BOL
19 de Febrero de 2021 01:37 pm
La Paz, 19 de febrero de 2021.- La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pidió a las instancias competentes iniciar una investigación para esclarecer las denuncias sobre agresiones y amedrentamiento que se estarían ejerciendo contra Juana Rojas Choque y Nelly Tito Diaz, candidatas por PAN-BOL a las alcaldías de Puerto Villarroel en Cochabamba y de Copacabana en La Paz, respectivamente.
Estos actos, que se constituiría en hecho de acoso y violencia política sancionados por la ley 243, fueron denunciados por la Vicepresidenta de la agrupación PAN-BOL, Ruth Nina, quien responsabilizó de éstos a militantes del Movimiento al Socialismo (MAS).
La Institución Defensorial hará seguimiento a la situación de Juana Rojas Choque que este 19 de febrero se declaró en la clandestinidad luego de denunciar amenazas para obligarla a renunciar a su postulación, restringiéndole su derecho político; y de Nelly Tito Díaz, que habría sido víctima de violencia verbal, psicológica y casi física, por postularse como candidata por un partido diferente al MAS luego de haber pertenecido a la Confederación de Mujeres Indígenas Campesinas “Bartolina Sisa”.
“Convoco a las compañeras Juana Rojas Choque y Nelly Tito a acudir a la Defensoría del Pueblo iniciar un acompañamiento y las gestiones que correspondan para que se les otorgue las garantías para ejercer sus derechos”, manifestó Cruz quien dijo que todo acto de acoso y violencia política es condenable y debe ser sancionado.
La Defensora exhortó al Tribunal Supremo Electoral y a los Tribunales Electorales Departamentales a cumplir su rol constitucional y garantizar el derecho de las candidatas mujeres, como Juana Rojas Choque y Nelly Tito, a participar de forma equitativa y en igualdad de condiciones que los hombres, actuar de acuerdo a lo que dispone la normativa en casos a acoso y violencia política, y remitir antecedentes al Ministerio Público.
Asimismo, demandó a todas las organizaciones políticas y alianzas que serán parte de la elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales del 7 de marzo próximo, a respetar la libertad de pensamiento u opinión consagrados en la Constitución Política del Estado.
La Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres incorpora en el Código Penal los delitos de acoso político y violencia política contra las mujeres; define el acoso político como el “acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas, cometidos por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio (…)”; y la violencia política como “las acciones, conductas y/o agresiones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio (…)”.